El anuncio del presidente Evo Morales de estudiar una demanda jurídica contra Chile por el trasvase irregular de las aguas manantiales del Silala ocasionó una reacción por parte de las autoridades de ese país.
Mientras la mandataria Michelle Bachelet habló de que ahora Bolivia se creía dueña de los recursos naturales, para el caso de las aguas del Silala, y que por ello se veía con el derecho de “cortar” su flujo, su canciller, Heraldo Muñoz, de plano amenazó con una “contrademanda”. Todo con el argumento de que el Silala es un río internacional.
El 22 de marzo, el Gobierno chileno difundió un video en el que con base en testimonios de bolivianos migrantes radicados en el norte de ese país, se da la idea de la feliz integración en Chile entre gente de ambos lados de la frontera.
Es hipótesis del suplemento el que tanto la dura reacción de la Presidenta y del Canciller como el “suave” video a su modo expresan una constante de la actitud de los gobernantes chilenos: el asumir un papel de agredido, dejando de lado, si vale, “estructurales” comportamientos agresivos de ese país para con Bolivia.
Como recuerda uno de nuestros entrevistados: no es Bolivia, como sí lo es Chile, la de la invasión, del despojo de territorio, del desvío, esta vez sí, de un río internacional (el Lauca) o de la siembra de minas explosivas en la frontera; así, lo menos que se puede decir de ella es ser agresora.
Incluso esta actitud de histórico agresor en rol de víctima fue la que el país vecino esgrimió cuando Bolivia instauró la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuando afirmó que la acción boliviana no era más que un “acto inamistoso”. Cuando, por el contrario, tanto aquella vez como ahora (el anuncio de proceso por el Silala) lo único que Bolivia está planteando es la resolución pacífica de la controversia.
Las aguas manantiales del Silala sin duda entran en agenda permanente desde ahora; de hecho se conecta directamente con la demanda.
El editor
