La nueva arremetida internacional de Bolivia por las aguas del Silala volvió a poner a Chile en una encrucijada diplomática: retirarse o no del Pacto de Bogotá que le da jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Países Bajos.
Firmado en 1948, el Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Solución Pacífica de Controversias deriva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), el máximo órgano de justicia de las Naciones Unidas, la resolución de conflictos bilaterales sobre interpretación de tratados o cualquier cuestión relativa al derecho internacional.
En enero de 2014, el tribunal modificó la frontera marítima chilena tras una demanda presentada por Perú y ahora analiza un requerimiento presentado por Bolivia que pide negociar con Chile la restitución de una salida soberana al mar que Bolivia perdió en la Guerra del Pacífico, librada entre ambos países a fines del siglo XIX, a la que se agregaría la eventual nueva demanda boliviana por las aguas del Silala.
“Lo que hay siempre es disposición a conversar sobre lo que es mejor para nuestro país”, aseguró esta semana el canciller chileno Heraldo Muñoz. “Pero hoy en día”, añadió, retirarse del Pacto de Bogotá “no es el tema, porque no afecta de ninguna manera lo que está en La Haya ni lo que pueda venir en un año”, afirmó.
Pero Miguel Schweitzer, uno de sus antecesores en el cargo, afirmó que retirarse del pacto “es un punto que está siendo analizado en la Cancillería desde el fallo recaído en la demanda de Perú”.
En caso de retiro, el tribunal puede recibir demandas en contra del país hasta un año después.
“Chile debe salirse del Pacto de Bogotá. Algún día Bolivia podría reclamar la restitución de Calama”, advirtió a la agencia de noticias AFP Ricardo Israel, analista internacional y abogado de la Universidad de Chile, sobre el eventual reclamo por uno de los territorios que hoy conforman el norte de Chile y que Bolivia perdió en la guerra a fines del siglo XIX.
“Hay demasiada ingenuidad y arrogancia en la Cancillería chilena”, agrega el analista, sobre la decisión hasta ahora de mantenerse en este articulado diplomático a riesgo de enfrentar nuevas demandas de sus países vecinos, como la de las aguas del Silala, que Bolivia considera fueron canalizadas ilegalmente por Chile.
A nivel interno, la oposición de derecha lidera las voces que exigen al Gobierno marginarse del pacto, al tiempo que un 62% de los chilenos cree que Chile debe retirarse de este convenio, de acuerdo con un reciente sondeo.
“Somos los chilenos los que hemos sufrido las decisiones de La Haya”, dijo el senador de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) Juan Antonio Coloma, agregando que la Corte de La Haya “hace mucho rato que no falla en derecho, sino que por razones políticas”. “¿Cuál es el sentido de que nos sigan demandando?”, se preguntó el legislador.
Una postura que matiza el presidente del Senado chileno, el socialista Ricardo Lagos Weber: “Puede que no siempre los organismos internacionales me encuentren razón o que no hagan las cosas como corresponde, pero de ahí, si yo me retiro ¿qué otras organizaciones hay entonces?”, afirmó en un reciente encuentro con corresponsales extranjeros.
En la región, otros países ya optaron por salirse del tratado. Colombia denunció un fallo desfavorable de la CIJ de septiembre de 2012 en un litigio marítimo con Nicaragua. Pese a esta decisión, Nicaragua volvió a plantear una demanda contra Colombia, de la que el alto tribunal se acaba de declarar competente para tratar. Y ante este nuevo revés, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció a mediados de marzo que su país dejará de comparecer ante el tribunal internacional y que optará por resolver la disputa con Nicaragua por la vía diplomática. No obstante, la CIJ seguirá adelante con el juicio sin la presencia de Colombia.
