Una vez que el 7 de febrero fue promulgada en El Alto la nueva Constitución Política del Estado (aprobada en referéndum dos semanas atrás), estaba claro entonces que la tarea política era terrenalizar el nuevo texto constitucional, desarrollarlo mediante una serie de leyes, más importantes o apremiantes unas que otras.
Para las elecciones de diciembre de 2009, el Movimiento Al Socialismo (MAS) inscribió en su plan de gobierno “Bolivia Avanza” (en el capítulo “Patria unida con la nueva Constitución”) el apartado: “100 leyes para implementar la nueva Constitución”. El vocero del MAS de entonces, Jorge Silva, incluso previó la necesidad de que el paquete legislativo deba estar aprobado en los próximos seis meses de esas fechas.
Hoy, tras ocho años de haberse aprobado la nueva Constitución, el diputado Javier Zavaleta (MAS), tras un recuento del proceso, señala que de las 100 leyes prometidas (99 en realidad) solo 40 fueron promulgadas, restando aún elaborar 59.
Zavaleta distribuye el conjunto de leyes entre 19 sectores temáticos (Administración del Estado, sector Agropecuario, leyes medioambientales, Justicia y derechos humanos, Salud y deportes, Seguridad social, Desarrollo productivo, entre otros; encontrará el detalle en páginas interiores), encuentra un hecho significativo: hay cinco sectores relativamente estratégicos, en los cuales de conjunto se ofreció 25 leyes, en que no se avanzó prácticamente nada en desarrollo legislativo constitucional: se trata de los sectores medioambiente, administración del Estado, Seguridad y defensa, Energía e hidrocarburos, y la normativa laboral.
Ahora, si bien es cierto que, por ejemplo, el área de Justicia y derechos humanos fue objeto de un importante paquete de leyes, lo paradójico es que es en este ámbito que la ciudadanía reclama más cambios.
Otro hecho no menor es que no hay una clara conexión entre las leyes faltantes y la denominada Agenda Patriótica 2025.
