La banca comercial no solo tiene que luchar contra la competencia desleal de la banca estatal, que tiene sus privilegios, generando imperfecciones en el mercado, sino que debe procurar un manejo que le permita subsistir adecuadamente en el sistema económico nacional que tiene serias limitaciones estructurales para su funcionamiento, además de proyectarse hacia el futuro para seguir desarrollando su tarea de intermediación financiera que de por sí entraña muchos riesgos.
De hecho, la banca aunque pretenda estar mejor informada respecto a sus clientes, los actores económicos y sociales, además de ser vulnerables, mantienen una información que no tienen posibilidad de conocer, así como los propios usuarios tampoco tienen toda la información de los bancos, fenómeno que se conoce como la “asimetría de la información”, en la que ambos protagonistas difícilmente podrán conocer todas sus aristas.
De esta manera, el tema de la transparencia y la confianza que deben tener ambos, especialmente sobre la banca, es fundamental para que el sistema financiero goce de buena salud y pueda proyectarse hacia el futuro. Sin embargo, por si cabe alguna analogía, es como la relación entre el paciente y el médico, donde está claro para ambos que la curación depende básicamente de la naturaleza del primero, con todos los factores que están en el entorno, dejando por sentado que al segundo (la banca) solo le queda jugar una tarea coadyuvante, que debe ser desarrollada de la manera más eficiente posible a fin de superar los obstáculos del contexto, que abarca principalmente lo institucional, lo político y el modelo económico existente.
De este modo, no solo basta que el cliente reúna todas las condiciones para realizar el juego, sino que también depende del entorno para que éste pueda realizar su tarea, cumpliendo con las obligaciones en el caso de los deudores o asegurando el uso de los recursos financieros de los depositantes de parte de los bancos.
Al respecto, sin entrar en la consideración de casos particulares, hay que recordar la importancia y las consecuencias que tuvieron las crisis de este importante sector de la economía en el mundo, que dieron lugar a la creación de mecanismos como el Comité de Basilea, para evitar problemas que pueden conducir a su colapso, con las respectivas implicaciones. En Bolivia, es larga la lista de este fenómeno, por lo que si bien el Banco Central corrió con el pago de la factura, en última instancia fue el pueblo el que pagó este costo a través de la inflación.
Este Comité se estableció con el fin de desarrollar principios y reglas apropiadas sobre prácticas de regulación y supervisión de los mercados bancarios, que sin poseer ninguna autoridad ni fuerza legal formuló amplios estándares y pautas de supervisión y emitió declaraciones de mejores prácticas, que al final se siguen considerando de aplicación nacional y universal.
Son los principios básicos que deben cumplirse a fin de evitar que cualquier deficiencia en el sistema financiero de un país ponga en peligro la estabilidad financiera, tanto dentro como fuera de sus fronteras. A partir de 1992, el Comité decidió introducir un sistema de medida del capital de las instituciones financieras, estableciendo un estándar de capital mínimo de 8% para el riesgo de crédito, que en el caso de Bolivia llega al 10%, proporción que debe ser rigurosamente cuidada a fin de garantizar su solvencia, para lo cual éste debe acumular una adecuada rentabilidad que le permita incrementar su patrimonio.
De ahí que es muy importante analizar cuáles son los factores que permiten un mayor margen de utilidad y cuáles son los factores que lo afectan, como son los tributos que, desde luego, en toda sociedad moderna deben existir a fin de que el Estado pueda cumplir con las tareas fundamentalmente relacionadas con la salud y la educación colectiva. Por supuesto, también con la seguridad interior y exterior y la infraestructura necesaria para que los actores realicen su tarea productiva. En el caso de que el Estado asuma esta responsabilidad, tendrá que ser financiada a través del mercado, como toda actividad productiva y ser acrecentada mediante los resultados obtenidos en la gestión, para lo cual se debe asumir la responsabilidad frente a la sociedad en su conjunto.
En Bolivia, bajo el principio de universalidad, toda actividad productiva y de servicios tiene que pagar un 25% de impuesto sobre las utilidades obtenidas en la gestión. Sin embargo, durante este gobierno, a la banca se le fijó una alícuota adicional de un 12,5%, cuando la rentabilidad fuera mayor al 13%, entendiéndose que se aplicaría este tributo sobre el incremento (adicional al 13%) y no sobre el total, como finalmente ocurrió.
Luego, el Gobierno con el afán de “bolivianizar” artificialmente la economía, generó un impuesto a la venta de moneda extranjera, que se supuso gravaría a la diferencia cambiaria y no sobre su valor nominal, lo que también ocurrió, provocando un mayor desarrollo del mercado informal, que derivó finalmente con un incremento de la alícuota anterior a un 25%, que se redujo a un 22%, pero que actualmente se lo quiere incrementar nuevamente en un 3%, lo que motiva la actual discusión, prestándose, al mismo tiempo, a una terrible confusión y engaño.
En realidad se está hablando de un 47% del tributo a las utilidades, pretendiéndose llegar al 50% con la actual política que está en manos del Congreso, a lo que hay que agregar otros tributos adicionales como el 6% de aporte a un “fondo de garantía” para aquellas personas que no tienen la capacidad para honrar el “aporte propio” que la banca exige cuando una persona quiere acceder a un crédito, lo que provoca un “riesgo moral” que es muy criticable.
Si a lo anterior se agrega el impuesto al IVA que no pudo ser compensado, por un monto que fluctúa entre el 8 y el 12%, en rigor estamos hablando de una carga tributaria sobre utilidades que bordea el 64%, que a todas luces es muy elevada poniendo en riesgo esta actividad de intermediación, así como sus posibilidades de expansión, que es muy importante. No estamos tomando en cuenta el impuesto a las remesas de capital en el caso de accionistas extranjeros, que es de un 12,5%, con lo que éste tendría que pagar un impuesto sobre utilidades de 76,5%, lo cual hace inviable a primera vista su participación en nuestro mercado.
