Hace una semana, en el marco de la XIV Cumbre Extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) (que así es su nombre oficial), el excanciller (11 años en el cargo) David Choquehuanca fue designado como el nuevo secretario general de este organismo de integración.
Pese a que el discurso oficial de los gobiernos miembros ha sido la permanente vigencia de la entidad, con la designación de Choquehuanca no deja de habitar la idea del relanzamiento o, por lo menos, de la profundización del proceso.
El Alba-TCP es la integración política y económica de 11 países de Sudamérica y el Caribe: Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada. Se trata de un conglomerado regional de naciones que en total suman cerca de 76 millones de habitantes.
Propios y extraños coinciden en que si hay alguna agenda pendiente, una tarea por hacer, el proceso inconcluso, es la integración económica, la segunda parte de la sigla: “TCP, Tratado de Comercio de los Pueblos”; específicamente el mayor desarrollo de la “moneda virtual”, como es el Sucre, la integración energética, el denominado Banco del Alba y, acaso lo más tangible, las empresas “grannacionales” que originalmente se había previsto serían la parte sustancial del acuerdo regional.
Propios y extraños, también, señalan que si hay logros ciertos del Alba son los programas en materia de salud y educación; especialmente los de alfabetización y las atenciones médicas en lo relativo a los ojos y a las personas con discapacidad.
La economía, pero —como lo han recalcado desde el principio sus gestores—, aquella de “nuevo tipo”, complementaria, solidaria, de entre pueblos; en estricto sentido, la “no-económica”, en el sentido de reprodutora de práctica e ideología capitalistas.
