Reciprocidad y colaboración en la persecución de delitos transnacionales en la frontera, como el contrabando, narcotráfico, trata de personas, entre otros… Eso caracteriza la relación de Bolivia con Perú, Argentina y Brasil, una correlación que, sin embargo, no la aplica Chile, a pesar de los acuerdos suscritos por ese país.
Según un informe del Ministerio de Gobierno de Bolivia, personal boliviano que luchaba contra el tránsito ilegal de mercaderías en la frontera con la vecina nación fue detenido en tres ocasiones en los últimos seis años. En cambio, Bolivia capturó en dos oportunidades a un civil y policías chilenos en 2016 por ingresar sin permiso al territorio. A éstos, las autoridades los dejaron en libertad sin mayores consecuencias.
Según el despacho de Gobierno, similar fue la actuación de Bolivia con otros países como Brasil o Perú, cuando sus funcionarios ingresaron a territorio nacional en persecución de delincuentes (Ver la infografía).
Respecto de los casos que involucran a bolivianos, Chile detuvo en 2011 a 14 militares, quienes cruzaron la línea divisoria en su lucha contra el tránsito de mercadería ilegal. Tras una acción judicial fueron detenidos preventivamente y
luego expulsados.
El segundo hecho aconteció en 2013, con el arresto de tres militares bolivianos, quienes también fueron apresados cuando perseguían a un grupo de contrabandistas y traspasaron al territorio del vecino. Igual que el caso anterior fueron sometidos a un proceso, tras el cual fueron echados, sin derecho a retorno.
El tercer suceso aconteció el anterior fin de semana. Dos militares y siete funcionarios aduaneros fueron apresados por carabineros de ese país, supuestamente en territorio chileno. Fueron sometidos a un juzgado que determinó su detención preventiva. El caso está en evolución.
En contrario a esas actuaciones, las autoridades bolivianas detuvieron el año pasado a una persona que ingresó sin permiso al país para fotografiar el puesto militar ubicado en el Silala (Potosí). Pese a que se le podía iniciar un proceso por espionaje, según el Ministerio de Gobierno, fue entregado a las autoridades chilenas y no se le atribuyó ningún cargo.
Otro caso también aconteció el año pasado. Dos agentes de narcóticos de Carabineros de Chile entraron a la localidad fronteriza de Pisiga persiguiendo a un sospechoso de narcotráfico. Éstos fueron trasladados a Oruro e inmediatamente fueron devueltos a su país en cumplimiento de protocolos bilaterales de colaboración, explica el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
“Hubo un intercambio de comunicaciones entre el Ministro de Gobierno, quien habla, y el Ministro del Interior de Chile, informándole que se habían liberado a sus efectivos y en el tema de sus armas, a través de la Cancillería, se cumplió un protocolo y no se hizo mayor cuestión”, recuerda esta autoridad al respecto.
El accionar boliviano se sustenta, según el ministro, en convenios internacionales de lucha contra delitos transnacionales, suscritos de forma bilateral, a través de comisiones mixtas, o mediante convenios con la Organización de Naciones Unidas (ONU) o el Mercado Común del Sur (Mercosur), entre otros. En algunos casos, dice, se establece con especificidad los ilícitos que se combatirán con cada país. “Por decir, con Argentina es trata de personas, con Chile es contrabando, además de los delitos de narcotráfico; entonces, en estos documentos, de manera genérica, nos hemos comprometido a prestarnos colaboración”, manifiesta.
Y uno de esos compromisos fue ratificado en enero de este año. En el marco de la IX reunión de la Comisión Mixta Sobre Drogas y Temas Conexos Bolivia-Chile, según el Ministerio de Gobierno, ambas delegaciones reforzaron su intención de luchar contra ese delito y también acordaron “Fortalecer la cooperación aduanera con las policías para el trabajo en la frontera”.
En julio de 2015, Bolivia suscribió con Mercosur el “Convenio de Cooperación, intercambio de información, consulta de datos y asistencia mutua entre las administraciones aduaneras”. Chile es miembro pleno de ese bloque y el país está en proceso de adhesión.
A ello se suma la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de noviembre de 2000.
Y así, según Romero, se puede seguir enumerando una serie de acuerdos por los que Chile debería colaborar con Bolivia y liberar a los militares y funcionarios detenidos. “Desde nuestro punto de vista es una actitud inamistosa, agresiva, es una suerte de protección a la actividad del contrabando”, asegura.
