Una nueva crisis con Chile. El incidente que hubo en la frontera el domingo pasado, al margen del hecho policial, lo que en el fondo reveló es otro problema estructural —de estructura económica y política— entre los estados boliviano y chileno: la falta ya no de cooperación, sino de mera coordinación entre las aduanas de ambos países; esto a raíz, señala la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, de la permisividad extrema, la falta de control del ilícito y la casi protección del contrabando que se realiza desde el vecino país hacia Bolivia.
Hablar de “complicidad” acaso sea temerario, apunta el directivo del IBCE, Gary Rodríguez; pero sí se puede sentir hasta en el aire una “mala voluntad” de las autoridades chilenas para hacer frente al contrabando que afecta sobre todo al país.
Pero es el excónsul en Iquique Raúl Ruiz Roca quien revela acaso el fondo del asunto: del 100% de las ventas de la Zona Franca de Iquique (Zofri), el 43% se va al exterior, el 54% a las regiones norteñas de Chile, Tarapacá y Arica Parinacota, y solo el 3% al resto del país transandino. De modo que más de la mitad de lo que sale de la Zofri va justo a las regiones fronterizas con Bolivia y Perú, y, como anota Ruiz Roca, a no ser que a la fecha el “Norte Chico” chileno esté inundado de mercadería —lo que con seguridad no pasa— se trata de bienes destinados a la internación hacia Bolivia, legal o ilegalmente; sobre todo lo último, se sabe.
Naturalmente, sin tratar de justificar nada, este hecho al parecer explica, por ejemplo, la falta de interés de Carabineros de Chile en la persecución de contrabandistas; y las propias palabras del transportista chileno al que supuestamente quisieron robar los funcionarios bolivianos: “A nosotros no nos interesa si ellos (transportistas bolivianos) cometen contrabando o no, porque ustedes tienen leyes diferentes, nosotros no estamos transgrediendo la ley, de lo contrario no hubiéramos pedido ayuda a Carabineros”.
