Que funcionarios de Migración del Gobierno de Chile obliguen a firmar a periodistas un compromiso para no ejercer su oficio en ese país, o que se comprometan a no alterar el orden público allí, se asemeja mucho a lo que puede hacer una típica dictadura. Mas en el caso del país vecino se explica: la norma que se usa para este fin es de 1975 (la Ley de Extranjería 1904), promulgada en el gobierno de Augusto Pinochet.
Pero que solo fuera eso. En la suerte de acoso a los periodistas bolivianos (habría que ver si se ejerce esta misma práctica con todos los periodistas extranjeros que llegan allí), según pudo determinar este suplemento, las autoridades chilenas contravinieron al menos cinco normas internacionales y una emergente del Acuerdo del Mercado Común del Sur, (Mercosur) al impedir el trabajo de los reporteros bolivianos.
Según la Decisión N° 10 del Mercosur, tanto la ciudadanía común como los profesionales (los periodistas entre ellos) tienen la posibilidad de trabajar o ejercer su oficio al menos durante 90 días bajo la cobertura de un documento de turismo-visita. Tan normal es esto en la región, que los otros países del área no piden permiso especial alguno para el ejercicio periodístico. De hecho, hace solo un par de meses, un equipo chileno del canal Teletrece hizo un reportaje sobre el contrabando y el tráfico de drogas a ambos lados de la frontera boliviano-chilena; a Bolivia incluso entró con su propio vehículo, llegando hasta Uncía.
En el caso de la normativa internacional, Chile violó: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la misma Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.
Todo esto no es un apunte menor, pues, tal como adelantaron autoridades bolivianas, amerita un reclamo en todas las instancias referidas.
