El 1 de mayo de 2017 —fecha en que se celebra el Día Internacional del Trabajo— encuentra al Gobierno frente al desafío de asumir políticas de alto impacto, por un lado para la generación de espacios laborales de calidad, y por el otro para mitigar el incremento del desempleo.
Héctor Hinojosa, ministro de Trabajo, reconoce que la creación de empleos es una tarea pendiente del Ejecutivo, para lo cual se impulsarán las inversiones mediante el Plan Nacional de Desarrollo, que prevé inyectar cerca de $us 48.000 millones en fortalecimiento productivo (más del 50% de los recursos) y en la construcción de infraestructura (cerca del 20%). Con este financiamiento se espera generar 880.000 fuentes laborales, a razón de 220.000 por año, a partir de la presente gestión hasta 2020. La mitad de estos empleos deberán ser creados por el Estado y el resto por la empresa privada.
Pero no bastará con tener gente ocupada. A lo que se debe apuntar es a un trabajo digno, entendido éste como la oportunidad de acceder a una labor productiva que genere un ingreso justo, con seguridad en el lugar de trabajo y protección social para el empleado y su familia, entre otros beneficios que reivindican la legislación nacional y organismos internacionales como la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
El temor de analistas consultados sobre el tema es que sin una política clara al respecto, los espacios laborales a ser creados sean, una vez más, temporales y, por consiguiente, no garanticen mejor calidad de vida para los ocasionales empleados.
A este panorama que demandará de la administración central un esforzado plan de desarrollo, se suma que entre 2015 y 2016 la tasa de desempleo se incrementó de 3,5% a 4,1%, fenómeno atribuido a la crisis internacional, a que la producción local debe competir en desventaja con los productos importados, y a que el costo social de mantener a un empleado en el sector formal se elevó; como resultado, más personas quedaron en la calle.
