Ante la evidencia de sus acciones a través de emisarios en Bolivia, el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando de la Capital (PCC) terminaron de alertar al Gobierno, que ha puesto su atención en las dos afamadas bandas brasileñas.
Si bien sus ataques a la seguridad nacional se caracterizan por su participación en atracos, extorsiones, secuestros y tráfico de drogas y armas, hay riesgo de que esas operaciones ilícitas consoliden el asiento de esas organizaciones en el país.
El atraco a un vehículo de transporte de dinero de la empresa Brinks en Roboré (Santa Cruz) ha puesto en alerta a las autoridades, aunque dicen que ya se ocupan del fenómeno en el país, que en lo que va del año ya sumó cuatro casos.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, tiene la seguridad de que esas acciones son solo perpetradas por emisarios, no por las bandas criminales. Considera que no hay “un interés estratégico” de instalarse en el país, sino usar el territorio como espacio de tránsito.
El exministro de Gobierno Saúl Lara coincide con Romero respecto de la ausencia de una estructura local de los comandos CV y PCC, pero cree que si no se los combate, éstos pueden establecerse en el país.
Uno de los principales factores para la irrupción de estas organizaciones criminales es la condición vulnerable de las fronteras. Por el momento, los gobiernos de Bolivia y Brasil han acentuado la coordinación de acciones para evitar su expansión a territorio boliviano.
Llama la atención del fenómeno en el país la complicidad y hasta participación de cuadros locales, que si bien no son parte de las estructuras delincuenciales se suman a sus actividades por dinero fácil. Así se comprobó en el atraco a Brinks: muchos pobladores rurales acogieron a los delincuentes, los protegieron o ayudaron a huir de la Policía.
Están aquí, aunque en cuadros pequeños; hay que tomarlos en serio.
