El nuevo proyecto de ley del Código del Sistema Penal se encuentra en su tratamiento en detalle en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Pese a que es un texto fundamental (de más de 600 artículos) que trata sobre toda la sustancia y procedimiento penal en el país, llamativamente por lo que más se lo menciona es su articulado referido al aborto impune. Un síntoma de que éste es uno de los grandes temas más o menos explícitos de la agenda legislativa jurídica, médica, ética y hasta cultural de la actualidad.
Por el seguimiento del estado de opinión vigente al respecto en estos días, el suplemento encuentra que el debate se ha polarizado entre las posturas que ubican el problema como una cuestión de salud pública en primer lugar, y aquellos que anteponen a toda consideración el hecho de la defensa de la vida desde el momento de la concepción.
Se trata, entonces, en primer lugar, de ubicar mejor el lugar en el que se debe discutir el tema. Así, mientras para el Colegio Médico de Bolivia, por ejemplo, si se amplían las causales del aborto impune, los galenos tendrán el derecho de no practicar el aborto por objeción de conciencia, para los promotores de la nueva norma, como la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, la discusión no es si se está de acuerdo o no con el aborto pues “no es un debate ni moral ni religioso, pues lo que se busca es prevenir las muertes de mujeres y para ello se debe impedir los abortos clandestinos”.
Claro, mucho del respaldo de los impulsores de la ampliación de causales está en las cifras de muertes de mujeres que se dan a causa del aborto clandestino: entre 60.000 y 80.000 abortos ilegales al año, de las cuales alrededor de 500 resultan en el fallecimiento de la progenitora. Aunque éste siempre es un estimado, por el difícil acceso a dicha información.
Sin duda el debate se agudizará en los siguientes días. El punto es cómo plantearlo del modo más objetivo e integral que se pueda.
