Los funcionarios de Aduanas de Chile pararon actividades nuevamente esta semana y el conflicto no parece tener una solución en el corto plazo; además, sigue pendiente la controversia por la elevación unilateral de tarifas por parte del operador privado del puerto de Arica, el principal embarcadero que utiliza el país para mover su comercio exterior a mercados en ultramar. Como resultado de esta medida, un centenar de camiones bolivianos quedaron detenidos en frontera.
La medida, que tiene un carácter social, afecta directamente la fe del Estado chileno que tiene la obligación, a merced del Tratado de 1904, de otorgar en favor de Bolivia y a perpetuidad el más libre y amplio libre tránsito hacia los puertos del Pacífico.
Pero este problema no es nuevo. Hay reclamos formales planteados ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y otras acciones reales para hacer notar las restricciones que sufre el país, pero de manera más directa los actores que trabajan en la cadena del comercio exterior.
A pesar de la visita de David Choquehuanca, cuando fue canciller del Estado, a los puertos de Arica y Antofagasta en julio de 2016, la respuesta de Chile fue un ruidoso silencio, marcado por la decisión de Santiago de anular el acuerdo de exención de visado en favor de autoridades y diplomáticos del país.
La llamada “tolerancia cero” que se decidió en Chile no resolvió el problema de libre tránsito y tal como Animal Político lo hace notar en esta entrega, sin muchos aspavientos se comenzó a arreglar la ruta 11CH que une la frontera con el puerto de Arica, por cierto muy deteriorada y con escaso mantenimiento hacia julio del pasado año. Además, concluyó la construcción de un centro integrado en Chungará para acelerar el paso de la carga.
Pero hay más. La problemática del contrabando tampoco ha sido reconocida por Chile. Hay millones de dólares en mercadería que pasan la frontera desde la Zona Franca de Iquique que hace rentable el negocio y complica aún más la relación.
