Los escándalos de corrupción que salieron a la luz recientemente en Brasil y que salpican prácticamente a toda la clase política de ese país, incluyendo al presidente Michel Temer y a los máximos líderes de la oposición, han sumergido a nuestro vecino más grande en una profunda crisis política que genera incertidumbre respecto a la sostenibilidad del actual Gobierno y genera también efectos negativos en lo económico, justo cuando la economía de ese país empezaba a recuperarse de la recesión a la que había ingresado en 2014.
En efecto, cuando comenzó esa recesión, a principios del segundo mandato de Dilma Rousseff, se supo que altos ejecutivos de Gas y Energía de Petróleo Brasileiro SA (Petrobras), junto a empresarios de grandes lavanderías y gasolineras, habían cometido delitos de lavado de dinero y de falsedad documental.
Al poco tiempo, la operación iniciada por la Policía Federal, conocida como Lava Jato (Autolavado), se empezó a involucrar a varios miembros de la coalición oficialista, en la que todavía estaba el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del entonces vicepresidente Michel Temer, junto al Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y el expresidente Inácio Lula da Silva.
Al cabo de unos meses, con el aumento de las denuncias de corrupción y con la profundización de la crisis económica, la popularidad de Rousseff cayó drásticamente y la oposición empezó a utilizar el caso Lava Jato para atacarla y pedir su impeachment (proceso de destitución), aunque después fue procesada y destituida por supuestamente haber maquillado las cuentas fiscales.
Temer, que era incluso menos popular que la mandataria recién destituida, asumió la presidencia interinamente en mayo de 2016 y plenamente en agosto de esa misma gestión, con el propósito de sacar al país de la crisis económica.
Para lo cual, adoptó medidas de austeridad, algunas de ellas muy impopulares, como la de congelar el salario mínimo en 880 reales ($us 281), eliminar ciertas exenciones impositivas al sector industrial, devaluar la moneda para mantener un tipo de cambio real y disminuir de manera sustancial el gasto público en los sectores de salud y educación.
No obstante, esas medidas, tildadas de “neoliberales”, contribuyeron a mejorar la situación del país: el déficit fiscal y el déficit de balanza de pagos disminuyeron, la tasa de inflación se controló y se pudo atraer algunas nuevas inversiones.
En eso, la red O Globo publicó una grabación de Temer, registrada el 7 de marzo de 2017, entre el presidente del Brasil y el dueño de la empresa cárnica más grande del mundo JBS, Joesley Batista, donde se escucha a Temer decir: “Hay que mantener eso, ¿ok?”, en referencia a los pagos que Batista venía realizando para comprar el silencio de Eduardo Cunha, un exdiputado condenado a 15 años de prisión por su implicación en el caso Lava Jato y principal instigador de la destitución de Dilma Rousseff, cuando ocupaba el cargo de presidente de la Cámara de Diputados (2015-2016).
Ante el malestar que causó toda esta situación en la población, que salió en multitudes a protestar a las calles y a exigir “Fora Temer”, podemos predecir la ocurrencia de al menos cuatro escenarios. El primero que Temer salga airoso de las investigaciones y termine su mandato. El segundo que renuncie, a pesar de que ya dijo que no lo hará. El tercero que sea sometido a un proceso de impeachment, que tomaría cerca de ocho meses. El cuarto que sea destituido por decisión del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) o del Supremo Tribunal Electoral (STE).
En el primer caso, que termine su mandato, tendríamos a Temer hasta el 31 de diciembre de 2018, cuando tendría que entregar el poder al ganador de las elecciones presidenciales que se tienen que realizar el 28 de octubre de 2018. En las cuales, por ahora, el candidato favorito es Luiz Inacio Lula da Silva, quien para postular deberá demostrar previamente su inocencia en los cinco procesos judiciales que actualmente pesan en su contra.
En el segundo caso, la renuncia, Temer sería reemplazado por Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de Diputados, quien asumiría interinamente con el mandato constitucional de llamar a elecciones en un plazo máximo de 90 días.
En el tercer caso, el impeachment, al igual que sucedió con Rousseff, el presidente de la Cámara de Diputados tendría que aprobar el inicio del proceso, cosa que a primera vista no parece muy posible porque Maia es un buen amigo y aliado de Temer, pero que podría suceder de todas formas si Maia tiene las intenciones de llegar a la presidencia.
En ese caso se iniciaría un proceso en el que Temer sería suspendido del cargo por 180 días, en los que se realizarían las investigaciones y en los que ambas cámaras del Congreso tendrían que aprobar por dos tercios la destitución definitiva del Presidente para que se haga efectiva.
Por último, en el cuarto caso, la destitución de Temer por parte de uno de los tribunales que actualmente lo investigan (Justicia y Electoral), se podría dar si el STJ lo halla culpable de los cargos de obstrucción a la justicia o corrupción pasiva en el caso Lava Jato; o si el STE concluye que hubo irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de la gestión 2014, cuando Rousseff y Temer participaron como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, respectivamente.
En cualquiera de esos dos casos, Temer tendría que dejar el cargo y enfrentar a la justicia con la posibilidad de terminar en prisión. Por su parte, Maia quedaría como presidente interino y tendría que llamar a elecciones en menos de tres meses.
Por ahora no hay certidumbre respecto a lo que sucederá, lo único que parece seguro es que el pedido de “Fora Temer” se escuchará cada vez más fuerte en las calles y en el Congreso, mientras el impopular Presidente de Brasil, que quiso recomponer la maltrecha economía de su país con medidas también impopulares, permanezca en el poder.
