El crimen ha sido considerado en distintas etapas históricas de la humanidad desde diferentes perspectivas, pues ha existido siempre y en todo tipo de sociedades. Desde la antigüedad, pasando por la Edad Media hasta el mundo moderno. Por eso, ha merecido diferentes respuestas para enfrentarlo y prevenirlo.
En un primer momento el delito fue considerado un fenómeno psicológico y fisiológico, porque se atribuía la conducta criminal a rasgos particulares o trastornos que podía tener una persona. La corriente más radical estuvo representada por Cesare Lombroso (1835-1909), quien sostenía que “el delincuente nace condicionado por su estructura biotípica”.
Posteriormente, otras escuelas consideraron al delito como un fenómeno social que tiene origen en las asimetrías por la concentración de riqueza y la falta de acceso al empleo. Otras corrientes interpretaron al delito como un fenómeno económico porque estaría vinculado al mercado en cuanto una relación de costo y oportunidad.
El Estado también hace este análisis en el sentido del cálculo de costos para hacer funcionar la Policía, el régimen penitenciario, atender las conductas criminales y por eso adopta medidas de desincentivo para que se cometan delitos. Una de esas acciones son sanciones más drásticas que elevan “los costos” contra el criminal.
Hay varias corrientes. Por eso, la criminología es una ciencia multicausal, aunque en algo vamos a estar de acuerdo y es que los delitos se producen en el seno de las sociedades; es un hecho social, tiene un contexto social y generalmente afecta a una víctima de manera directa, pero también agrede al Estado —a sus instituciones y normas— y al conjunto de la comunidad, porque ataca a los valores de la convivencia colectiva. El delito como fenómeno social tiene, además, un contexto. Por ejemplo, si consideramos la estructura laboral, económica y social de El Alto, vamos a coincidir en que el núcleo articulador de esa comunidad es la familia. Esa ciudad aglutina a un conjunto de familias que generalmente se desplazaron desde las zonas rurales. La raíz de la vida comunitaria del ámbito rural ha sido trasladada a la ciudad.
Esta base también se ha reflejado en el ámbito criminal. Las organizaciones delictivas de El Alto por lo general son clanes familiares y esto ha sucedido, en su momento, con los grupos denominados cogoteros y otros. La estructura criminal refleja la estructura social de las ciudades donde operan y refleja sus particularidades.
Si consideramos que el delito es un fenómeno social, condicionado por la idiosincrasia de una comunidad, vamos a coincidir en que la investigación criminal requiere de una información sistematizada de una sociedad y de la acumulación de una base empírica y de conocimientos científicos.
Y este es un trabajo que ha cumplido la Policía Boliviana, que es la entidad que se ha especializado en la investigación criminal. Cuando un investigador de la Policía pretende establecer la verdad histórica de los hechos, toma en cuenta factores culturales, sociológicos, culturales, geográficos, demográficos, económicos, psicológicos, entre muchos otros de una comunidad.
La Policía es la única institución que tiene presencia en el conjunto del territorio, en las capitales de departamento y en las principales ciudades provinciales. No tiene un despliegue masivo hacia las fronteras, pero tiene una vista extendida a los principales ámbitos —servicios, seguridad y asistencia— de la dinámica urbana. El fenómeno criminal es preponderantemente urbano más que rural.
Además de su presencia institucional, la Policía está capacitada profesionalmente y científicamente para la investigación criminal. Cuenta con el Instituto de Investigaciones Técnicas y Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), que es un laboratorio donde se hacen los análisis sobre un hecho criminal, sin descuidar el trabajo de campo a través del cual se reconstruyen los escenarios.
La Policía cuenta también con especialistas informáticos que hacen los cruces de llamadas y los rastreos satelitales, además de las comunicaciones virtuales y los nexos en las redes sociales que establezcan relaciones entre el criminal y el entorno de la víctima. Esto es clave para reconstruir y acceder a la información. Estos elementos son estudiados por la Policía respondiendo a este carácter multicausal de la criminología.
Así pues, no hay una entidad que realmente cuente con los dispositivos, los medios y los recursos humanos que pueda suplantar a la Policía.
Por eso, no es pertinente pensar que vaya a haber investigadores civiles que sustituyan el trabajo de la Policía. Hay detectives privados, pero que tienen un menor margen de acción respecto a las capacidades policiales que abarca la coordinación internacional por la capacidad del delito de conectarse más allá de las fronteras. Es fundamental la sincronización entre policías y eso no se puede reemplazar por grupos civiles, por más buena voluntad que tengan.
Los legisladores de la comisión de la Cámara de Diputados que analiza el nuevo Código del Sistema informaron que hubo una mala interpretación sobre algunos términos que se introdujeron en el proyecto. No hay intención de suplantar el trabajo de la Policía ni hacerlo dependiente, en términos de subordinación funcional, de la Fiscalía.
Cuando hay concentración de decisiones en el fiscal o el juez, el proceso se desequilibra e induce a la injusticia. La Policía es la entidad llamada por ley a ejecutar investigaciones, la Fiscalía a valorar las mismas y la autoridad judicial a tomar decisiones. En el momento en que pretendamos que la Policía se subordine a la Fiscalía estaríamos desequilibrando la ingeniería del proceso penal y esto puede llevar a los excesos y abusos.
- Carlos Romero es ministro de Gobierno
