El más reciente informe de la UNODC muestra por primera vez, después de cinco años de reducción neta, un leve incremento en el número de hectáreas (ha) de cultivos de hoja de coca, además de una disminución en la superficie erradicada en 2016, es decir, un incremento de 2.900 ha entre 2015 y 2016, pero lo que continúa siendo un decremento si se compara con las cifras de la llamada época neoliberal.
Esta primera aproximación no es una justificación, pero sí sería un despropósito no reconocer los importantes avances de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, un modelo de racionalización de cocales basado en la concertación y en el respeto de los derechos humanos.
Por otro lado, el informe de la UNODC indica que un 42% de la hoja de coca cultivada no pasa por los mercados legales, es decir, no va a los dos únicos lugares que se encuentran autorizados para vender hoja de coca legal en el país, uno situado en Sacaba y otro en La Paz. Si bien esta es una cifra importante, decir que todo este porcentaje se va directo al narcotráfico resulta un poco erróneo o hasta parte de un discurso que intenta sobredimensionar la realidad de lo que ocurre en el país.
El mayor consumo tradicional ocurre en Santa Cruz, por lo que un porcentaje de lo que no pasa por estos mercados legales estaría yendo no solo a Santa Cruz sino también abasteciendo la demanda del norte argentino sin pasar por los mercados autorizados, pero abasteciendo una demanda de consumo directo de coca, que por términos prácticos y hasta de mercado (costo) decide no pasar por los sitios de abasto autorizados. Este es un vacío que presenta el informe de la UNODC que a futuro debería abordar para evitar especulaciones.
Del mismo modo significa un poco apresurado tratar de establecer una causalidad entre el aumento de hectáreas con la nueva Ley General de la Hoja de Coca puesto que ésta fue promulgada este año, sin tomar en cuenta el incremento en las precipitaciones pluviales que se experimentaron en los últimos meses de 2016 y la poca cooperación de los cocaleros de Yungas de La Paz en la erradicación. Ambos factores dificultaron las tareas de erradicación y racionalización de lo cultivos por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta.
Además, hay una problemática que va más allá de lo que ocurre en Bolivia únicamente y es la tendencia regional que no debemos dejar de mirar. Comparando los resultados de Bolivia con los de Colombia existen grandes diferencias. No solo que Bolivia presenta niveles bajos de cultivos de coca a comparación de Colombia (23.100 ha en Bolivia frente a las 146.000 ha en Colombia), sino que el incremento de estas extensiones entre 2015 y 2016 en ambos países ha sido también en diferentes magnitudes (en Bolivia el incremento fue de 14% y en Colombia de 52%). A esto no se debe dejar de ver que en Colombia el cultivar hoja de coca es ilegal casi en su totalidad y que cuenta con el apoyo de la NAS de Estados Unidos precisamente para las tareas de erradicación de cultivos de coca.
Para finalizar, hacer una relación directa entre los hechos ocurridos en Santa Cruz en el atraco a Eurochronos con la producción de hoja de coca resulta hasta un poco forzado. Ejemplo de eso es lo que ocurre en México, Argentina y Venezuela que presentan altos niveles de violencia y sin embargo ni una hoja de coca es cultivada en esos países. Si se ven los casos, sobre todo de mujeres, que se encuentran en las cárceles bolivianas por narcotráfico, se observa que la mayoría de estas personas están recluidas por su involucramiento en el transporte de pequeñas cantidades de droga y no así en la producción. Un tema que merece un amplio y propio análisis.
Si bien los datos del último informe de la UNODC sobre cultivos de coca en Bolivia no son tan alentadores, resulta importante estudiar las razones precisas que pudieron incentivar este leve incremento de cultivos de coca reportado en 2016. Es así que al Gobierno se le presenta un reto específico en el control de los cultivos excedentarios de coca dentro de una estrategia que hasta la fecha ha sido exitosa y reconocida en el ámbito mundial. El Gobierno debe trabajar para asegurarse de que lo ocurrido en 2016 no se convierta en una tendencia hacia el futuro.
- Gabriela Reyes es criminóloga de la Universidad de Maryland
