La iniciativa orientada a impulsar la aprobación de la Ley de Protección, de Desarrollo Integral y Sustentable del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que tuvo el objetivo de abrogar la Ley 180 sobre la intangibilidad del parque, ha sido desconocida.
La norma, ahora abrogada, prohibía los asentamientos promovidos por personas ajenas a los pueblos indígenas del TIPNIS; desautorizaba el aprovechamiento forestal maderable con fines comerciales y la ejecución de megaproyectos, obras y actividades de gran escala que podrían generar impactos ambientales y cambios socioeconómicos y culturales negativos. Incluso cuando esta norma estuvo vigente no fue respetada.
De hecho, hace seis meses que se edifica un puente sobre el río Isiboro y esta obra forma parte de lo que fue el tramo II del proyecto carretero San Ignacio de Moxos-Villa Tunari, que atravesará el TIPNIS; una iniciativa que en 2011 ya contaba con una financiación del Gobierno de Brasil, pero la operación se frenó por efecto de las protestas de ese año y la normativa que fue anulada el miércoles 9 de agosto de 2017.
Este hecho demostrará fehacientemente que el Gobierno violó la misma normativa que promulgó en 2011 y de ese modo la misma Constitución Política del Estado (CPE).
Ahora, respecto a la postura del Ejecutivo sobre la necesidad de abrogar la Ley 180 con miras al “desarrollo integral en el territorio”, vimos que se trata solo de un recurso retórico, porque es un mensaje que se viene repitiendo desde hace muchos años, pero sin mayores resultados.
Veamos. En el Artículo 9 de la nueva ley —sancionada por el Senado el miércoles en la madrugada— se autoriza actividades de articulación e integración que mejoren, establezcan o mantengan derechos de los pueblos indígenas como la libre circulación a través de la apertura de caminos vecinales, carreteras, sistemas de navegación fluvial o aérea y otras. Se asegura que se diseñarán estos proyectos de manera participativa con los representantes de los pueblos indígenas cumpliendo y respetando la normativa ambiental.
La norma, que entrará en vigor en las próximas horas, establece el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el desarrollo de actividades productivas con la participación de privados siempre y cuando —dice— que existan acuerdos o asociaciones con los pueblos indígenas del TIPNIS y la autorización y seguimiento de las entidades estatales.
Esos acuerdos o asociaciones deberán garantizar un margen de ganancia porcentual favorable “con criterios de equidad, razonabilidad y sustentabilidad” para los pueblos indígenas que habitan el TIPNIS, cuya participación y distribución se realizará dando prioridad a las necesidades de las comunidades del parque.
Creemos que con esta base legal se producirán avasallamientos por parte de productores de coca y se dará pie al aprovechamiento insostenible de los recursos naturales del TIPNIS. Una muestra de aquello se dio este miércoles cuando los colonos del Conisur (Consejo Indígena del Sur) instalaron un bloqueo en el puente Isinuta, en el Chapare de Cochabamba, e impidieron el ingreso de una comisión legislativa departamental, junto con periodistas. Ellos pretendían verificar las obras de construcción de esos puentes pese a la intangibilidad que había en la zona.
Sobre la pertenencia del Conisur—que es una de las organizaciones que presentó la ley— existe una confusión porque esa entidad es parte de la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), pero no está afiliada a la subcentral del TIPNIS ni a la Central de Pueblos Étnicos del Beni (CEPEM-B), que es la organización regional a la que pertenecemos.
Ahora con la nueva ley se consolidará la explotación de gas natural y petróleo dentro del parque. Ante esta situación, no hemos descartado la presentación de una demanda de inconstitucionalidad, así como acudir a organismos internacionales.
A finales de este mes, tenemos una reunión de autoridades indígenas del parque. Allí se tratarán estos problemas y se asumirán las acciones de defensa de nuestro territorio porque la ley fue validada a espaldas nuestras.
- Fabián Gil es presidente de la subcentral del TIPNIS
