El proceso de preselección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial despertó la atención de la ciudadanía; ha sido muy mediático y se dio en condiciones muy diferentes a las elecciones de 2011. Esto marca dos hitos fundamentales. El primero, se ratifican los avances en la democratización sobre la toma de decisiones en la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial. El segundo, la participación del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) para la elaboración de la prueba escrita y su papel como veedor en las entrevistas que se realizaron a los aspirantes a magistrados.
Este proceso también exigió cualificar el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional y enterró la historia del cuoteo partidario al que estaba acostumbrado el país hasta 2006.
En esa línea, es necesario aclarar que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene forma de reproducirse en la máxima institución de justicia del país, tal como indican las oposiciones debido a que ese Órgano del Estado no se define por vía partidaria. Las dos únicas estructuras de los cuatro órganos del Estado que se definen por ese camino son los órganos Ejecutivo y Legislativo.
Por ello, la democratización del Órgano Judicial no debe entenderse como el cuoteo partidario de las bancadas o una expresión partidaria de la Asamblea Legislativa o del partido de gobierno. Esta entidad debe entenderse a partir de criterios que hemos planteado en el proceso de preselección de los postulantes como la meritocracia, la idoneidad, la ética y el compromiso con las transformaciones que requiere la Justicia y reclama el pueblo boliviano.
Por esas razones, no existe ningún mecanismo ni marco legal para hacer de ese Órgano del Estado una ampliación del poder político. La Constitución Política del Estado (CPE) establece que los magistrados en los distintos tribunales serán elegidos mediante sufragio universal.
La norma además dispone que el Legislativo efectuará por dos tercios de sus miembros la preselección de los postulantes a magistrados por cada departamento y remitirá al Órgano Electoral Plurinacional la nómina de los precalificados para que organice elecciones a escala nacional.
También señala que para optar al cargo de magistrado, el aspirante deberá cumplir con los requisitos generales para los servidores públicos como: tener 30 años de edad, poseer título de abogado, haber desempeñado con honestidad y ética las funciones la profesión de abogado o la cátedra universitaria durante ocho años y no tener sanción de destitución del Consejo de la Magistratura.
La alianza opositora Unidad Demócrata (UD) presentó impugnaciones contra 129 postulantes por haber trabajado en el Órgano Judicial, pero es necesario resaltar que en la Constitución no se establece ninguna prohibición para que esas autoridades puedan postularse como candidatos a magistrados, así que no se dieron curso a las impugnaciones.
Así como hay buenos y malos administradores de justicia, hay jefes de bancada de la oposición que son responsables y plantean impugnaciones con documentación respaldada y otros que solo presentan fotocopias de hojas de vida de los aspirantes para hacer un show mediático.
En cambio, los postulantes a magistrados que fueron inhabilitados fueron por impugnaciones presentadas porque tienen procesos penales con imputación formal por delitos contemplados en el Código Penal o por haber sido sancionados por el Consejo de la Magistratura con su destitución debido a faltas graves y gravísimas.
Otro aspecto que se debe mencionar es que entre los aspirantes habilitados a magistrados hay un buen número de mujeres, pero lo que ocurre en la actualidad es que aún hay diferencias en el acceso a la educación universitaria, los estudios de posgrado y otros que impiden una mayor representación femenina en candidaturas para diferentes tribunales.
Después de todo, esperamos haber certificado que los mejores hombres y mujeres fueron habilitados para ser candidatos a autoridades de ese órgano porque una tarea pendiente es la transformación de la justicia y eso requiere de una participación colectiva, porque Bolivia es uno de los países que ha democratizado la toma de decisiones dentro del Órgano Judicial y eso requiere ratificarse con el voto ciudadano para elegir a los mejores hombres y mujeres.
- Adriana Salvatierra Arriaza es senadora del MAS y presidenta de la Comisión Mixta de Constitución
