Las relaciones bilaterales entre Bolivia y Estados Unidos no han logrado remontar el punto muerto en que las situó la política exterior del gobierno del presidente Evo Morales. Queda la duda de si habría sido más favorable al interés político del Movimiento Al Socialismo (MAS) y a su propia imagen imprimir otra dinámica a esta relación, prescindiendo de tanta retórica que ya no hace mella, más todavía si es blandida en solitario.
En lo que hay certeza es que una relación respetuosa y serena con Estados Unidos habría beneficiado más al país. Asumiendo este aserto, convenía estimular las relaciones comerciales desideologizándolas a objeto de ampliar el mercado norteamericano para los productos bolivianos y también atraer mayor inversión al sector productivo. Correspondía emprender una denodada lucha contra el narcotráfico involucrando a EEUU por la corresponsabilidad que tiene en el tema. De este modo hubiésemos preservado los beneficios del Programa de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA) en favor de los exportadores bolivianos que hasta hace 10 años vendían sus productos al mercado norteamericano, bajo esas preferencias arancelarias que hoy ya no tienen.
Si en el plano político hubiésemos estimulado el diálogo con la administración del entonces presidente estadounidense Barack Obama, quizás bajo su patrocinio o los buenos oficios de esa potencia, la negociación con Chile hubiese fecundado.
Decir esto no es desatinado, recordemos que en el pasado autoridades norteamericanas mostraron especial interés por la solución del enclaustramiento boliviano; una demostración de ello fueron las gestiones realizadas por el secretario de Estado Frank Kellogg que insistentemente sugirió a Chile y a Perú ceder en favor de Bolivia las provincias de Tacna y Arica.
A propósito, cabe prevenir que pocas veces prospera el diálogo entre dos países que asumen posiciones tan radicalmente opuestas respecto al problema que los separa como es el caso de Bolivia y Chile, con menos probabilidad si hay manifiesta asimetría en el poder que detentan.
En esas circunstancias la intervención de terceros puede allanar obstáculos y facilitar el diálogo, sobre todo si quien ejerce los buenos oficios o la mediación tiene relevante influencia en el concierto internacional.
Pero el Gobierno boliviano optó por otro camino. En 2008 expulsó del país al embajador norteamericano, Philip Goldberg, en 2009 a la DEA y en 2013 a USAID y a la NAS (por sus siglas en inglés Narcotic Affairs Section).
No obstante estas medidas extremas, el 7 de noviembre de 2011 Bolivia y Estados Unidos suscribieron un convenio de mutuo respeto y colaboración, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgado el 29 de marzo de 2012.
Su objetivo se orientó a fortalecer y profundizar las relaciones bilaterales, bajo explícitos principios como: la no intervención en asuntos internos del otro Estado, igualdad soberana, derecho a elegir el sistema político, económico y social sin injerencias externas; consolidar una democracia representativa, respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente. En dicho convenio se destacó el compromiso de realizar acciones conjuntas contra la producción y tráfico de sustancias narcóticas ilícitas, lucha contra el lavado de dinero y la corrupción; y la necesidad de promover el comercio y las inversiones, como medio de crecimiento y desarrollo.
La implementación de este acuerdo exige la conformación de una comisión bilateral que impulse el diálogo político para analizar y evaluar de manera permanente el estado de las relaciones bilaterales, proponiendo medidas para su fortalecimiento, principalmente en las áreas de la cooperación y la lucha contra el narcotráfico.
La negociación del acuerdo llevó tres años hasta ser consensuado por las partes. Empero, aún no se ejecutó en los términos inicialmente propuestos. La probabilidad de que esto ocurra es remota pues el momento político que pudo ser favorable a Bolivia ya pasó. La actual administración norteamericana muestra evidentes signos de intolerancia en su relacionamiento internacional, esto hace pensar que los frecuentes impasses en la relación Bolivia-Estados Unidos pueden hacer crisis en cualquier momento.
Esperemos que el incidente generado a raíz de las declaraciones del encargado de Negocios de Estados Unidos, Peter Brennan, no escale a mayores fricciones. El diplomático norteamericano criticó al régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, —como otros países también lo hicieron— y aludió a Bolivia manifestando el deseo de que no incurra en las mismas prácticas del régimen venezolano. Probablemente faltó prudencia en esta declaración.
- Karen Longaric es profesora de Derecho Internacional de la UMSA
