Las universidades públicas comenzaron a sufrir la reducción de sus ingresos por el concepto de percepciones correspondientes al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Estas fuentes se redujeron ostensiblemente durante los últimos cuatro años debido a la caída de los precios internacionales del gas natural. Esta realidad provocó que muchas de las casas de estudios superiores del sistema se encuentren en una situación de profunda crisis.
Ante este escenario, las 11 universidades estatales presentaron un pliego para plantear al Gobierno un incremento de más de Bs 500 millones en favor del presupuesto del sector.
El Gobierno se contactó con algunas universidades para intentar resolver el problema con preacuerdos pero esa no es una solución global.
La estrategia adoptada por las autoridades del Órgano Ejecutivo muestra que no pretende una negociación conjunta con el sistema, algo que implica una negociación mucho más desventajosa para la comunidad universitaria de todo el país.
De hecho, con algunas universidades se han logrado varios preacuerdos pero no se conocen los montos definidos ni las condiciones. A pesar de eso, no se limita el derecho legítimo de las universidades a plantear colectivamente un aumento del presupuesto y exigir respuesta global. Por ese motivo, la anterior semana, la Conferencia Nacional de Universidades resolvió declarar el estado de emergencia del sistema público, una situación que aún está latente.
En el caso de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) el Ejecutivo nos contactó pero no se ha llegado a ningún convenio previo. Es necesario aclarar que estamos totalmente abiertos a seguir dialogando.
Estas conversaciones, como no puede ser de otra manera, se basan en el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE) que establece la autonomía universitaria y, en ese marco, dispone que el Estado debe subvencionar de manera adecuada los gastos para el funcionamiento de todas las entidades estatales de formación superior. Dicho de otro modo: siendo esta medida un mandato constitucional, ningún gobierno ni ninguna autoridad puede transgredir este principio y por ello se deben hallar soluciones para atender las necesidades que existen.
En ese sentido, se debe aclarar que los saldos en caja y banco que tienen actualmente las universidades del sistema no son recursos de libre disponibilidad y eso lo conoce bien el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, debido a que esos recursos ya están comprometidos y presupuestados para proyectos de infraestructura y otros destinos.
Por esta situación, el sistema universitario demanda un incremento del presupuesto que se destinará a los proyectos de infraestructura, investigación y al pago de salarios.
Hay algunas universidades que tienen deudas con su personal y están atravesando un conflicto laboral muy fuerte por la reducción de los ingresos que perciben. Las más afectadas por este problema son las casas de estudios llamadas pequeñas.
El discurso que maneja el sistema universitario es constructivo. Una muestra de esto es que en mi gestión no tuvimos ningún inconveniente ni estado de emergencia que tenga relación con nuestro presupuesto. Hicimos movilizaciones, una para expresar nuestra solidaridad con el pueblo palestino y otra por la desaparición forzada a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en México. Entonces, el Gobierno no se puede quejar de que se hayanregistrado otras medidas de protesta en demanda de más presupuesto.
Ante esto, el Ejecutivo debe reconocer la actitud comprensiva que tiene la universidad porque estamos conscientes de la reducción de los ingresos que sufre el país.
Por eso, el sistema universitario considera que este tema se solucionará mediante el diálogo. Si se da una marcha será la reacción de un sector que se siente no escuchado.
En esa línea, las autoridades nacionales deben escuchar las demandas de cada universidad y con esa base ir planteando alternativas de solución tomando en cuenta la realidad del país. Recuerdo que en otras épocas el gobierno no contaba con recursos pero compensó a las universidades con inmuebles, los que ahora se usan para el funcionamiento de distintas facultades y así se dejaba de pagar alquileres.
