El periodismo libre e independiente fue afectado por la presencia de medios financiados por el Estado, los que hacen de voceros de los gobiernos de turno. En la actualidad existen “periodistas comunitarios, estatales, alternativos” que además imprimen un estilo de periodismo al servicio de un partido político hegemónico como es el MAS.
Antes de que se presenten estas condiciones —en teoría— el trabajo periodístico de medios privados, sindicales, gremiales, de la Iglesia Católica y de organizaciones no gubernamentales se regía por los principios de “objetividad, imparcialidad y veracidad”, influidos por el periodismo norteamericano o las escuelas latinoamericanas sobre la responsabilidad social, ética y honestidad.
Ahora bien, en el gobierno del presidente Evo Morales podríamos categorizar a tres grupos de periodistas: los libres e independientes, a los que peyorativamente les dicen “agentes del imperio”, “vendepatrias”, “agentes de la oposición” y quienes fueron despedidos por sus posturas críticas al poder, lo que, por cierto, provocó varias protestas de la Asociación Nacional de la Prensa, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y otros sectores de la sociedad civil.
El otro grupo es de los periodistas “opositores”, así tildados por el MAS. De hecho, el excanciller David Choquehuanca señalaba: “La oposición viene en formatos del exterior, pues utiliza personas y medios de comunicación para evitar que se fortalezca el proceso político que se desarrolla en Bolivia”. Esta es una percepción que es apoyada por diputados, senadores y dirigentes de organizaciones sociales afines al oficialismo.
El tercer grupo corresponde a los periodistas oficialistas o estatales que se han puesto al servicio de los medios del Gobierno. A merced de su situación laboral abandonan el equilibrio informativo y discriminan a quienes no comulgan con el Proceso de cambio (el proyecto político del oficialismo), dejando que las fuentes de información cercanas al Gobierno desfilen en los noticieros sin mayor contraparte.
En este contexto es imprescindible recordar que en el séptimo capítulo de la Constitución se señala que el Estado garantizará el derecho a la comunicación y el derecho a la información; en el párrafo cuarto del apartado se reconoce la Cláusula de Conciencia de los trabajadores de la información y esto debería constituirse en una garantía de protección para los periodistas, para la garantía de su trabajo independiente de presiones políticas, ideológicas y partidarias.
El Estatuto Orgánico del Periodista, aprobado el 9 de mayo de 1984 por el presidente Hernán Siles Zuazo, incorpora la Cláusula de Conciencia. El artículo 15 señala que “ningún periodista podrá ser despedido por sus ideas o creencias, sean éstas políticas, religiosas o sindicales”; el apartado incorpora este dispositivo admitiendo el derecho de un periodista de separarse voluntariamente de la empresa cuando se produzca un cambio de orientación ideológica que le provoque un conflicto de conciencia.
En el artículo 16 de esa normativa enfatiza que “el retiro de un periodista de su empresa apoyado en la Cláusula de Conciencia, le da derecho al pago de indemnización conforme a ley. Si hubiera divergencia sobre la aplicabilidad (…), las partes se remitirán al Tribunal de Honor de la prensa que fallará en única instancia”. Por tanto, el Estatuto Orgánico del Periodista constituye, además, una garantía de protección de los periodistas que tienen conflictos con el medio de comunicación por cuestiones de divergencias políticas e ideológicas.
De este modo, la Cláusula de Conciencia es la potestad que tienen los informadores de aferrarse a su trabajo en función del código de ética o el código deontológico que guía y orienta su actividad. Además, esta protección implica que un propietario de un medio de comunicación no puede ni debe interferir con insinuaciones políticas e ideológicas en contra de la conciencia del periodista, peor si tiene diferencias políticas.
Si se dieran estas presiones, la Cláusula de Conciencia garantiza que el medio rescinda su contrato laboral, asumiendo los beneficios sociales —desahucio e indemnización de beneficios sociales— al que el periodista tiene derecho, en el marco de la Ley General del Trabajo.
De ese modo, los periodistas tienen libertad para desarrollar su trabajo libre de presiones, salvo aquellos ligados a los medios estatales, que deben seguir consignas del “jefe” o del “partido” para realizar un trabajo voluntario o bajo presión y con la tendencia de encubrir, maquillar y manipular las noticias con intenciones políticas y partidarias.
- Constantino Rojas es periodista y docente universitario
