Desde finales de los 60, los países productores de coca están en el ojo de la seguridad mundial. Actualmente Colombia, con la mayor superficie cultivada (160.000 ha), genera un aproximado del 5% de ganancias que se quedan en el país por efecto de esa actividad, pues el resto se queda en paraísos fiscales, comenta María Cristina Chirolla, quien fue fiscal del departamento de Lavado de Activos.
Operativo tras operativo, explosión tras explosión; laboratorios escondidos en las selvas que explotan uno tras otro para aparecer nuevamente en solo días. Son 40 años de guerra, 40 años de jugar al gato y al ratón.
Hace un par de semanas, el Gobierno de Estados Unidos señaló que Bolivia y Venezuela “son países que no han podido demostrar, durante los 12 meses anteriores, que cumplen sus obligaciones en virtud de acuerdos internacionales contra el narcotráfico”.
La evaluación del Departamento de Estado señala que “Bolivia continúa como tercer productor más importante de cocaína en el mundo, pues el cultivo (de la materia prima) tuvo un crecimiento de 3%, que va de 36.500 ha, en 2015, a 37.500 ha en 20016”. Además, anota “con preocupación” los nuevos límites de cultivo de coca fijados en la nueva legislación.
Por otro lado, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia muestra en sus informes una reducción de “más de un tercio entre 2010 y 2014”, una baja de un 1% en 2015 y una subida de 14% “tras cinco años continuos de reducción de cocales” para 2016.
Martin Jelsma, director del Programa Drogas y Democracia (TNI), explica que el sistema de certificación del Departamento de Estado maneja criterios propios, cuyos resultados pueden contradecir a los resultados a los que llega la ONUDC.
Este meollo de contradicciones me recuerda a Noam Chomsky, cuando afirma que todo Estado poderoso descansa en “especialistas en apologética”, cuya tarea es mostrar que lo que hacen los fuertes es noble y justo y lo que sufren los débiles es su culpa. Esta verdad duerme en la memoria latinoamericana y se refleja en este tipo de contextos.
¿Qué pasa entonces con Bolivia y la desertificación? Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información, explica que esta decisión puede conducir a la pérdida de apoyo financiero de Estados Unidos, sin embargo, Bolivia se ha desvinculado de relaciones que le condicionen; así que esta desertificación, en nuestro caso, no es realmente significativa.
Cuando se habla de narcotráfico, sin embargo, es preciso cambiar la mirada que se enfoca simplemente en la oferta de Perú, Colombia y Bolivia a Estados Unidos y Europa. Una oferta que se incrementa sin importar el endurecimiento de las políticas y que no depende realmente de los lugares de producción. Pedro Armas Diéguez en su texto Geopolítica y narcotráfico en la América Andina (1992) afirma que solo entre el 10% y 15% de los beneficios comerciales de las narco operaciones se revierten en los países productores.
Cuando se habla de narcotráfico debería hablarse también de países receptores en los que realmente circula el capital. “Es más fácil actuar contra los cultivadores de hoja de coca que contra el Comercio Internacional de Luxemburgo o sobre la Shakarchi Trading de Zurich, amparados por el efectivo secreto bancario.” (Diéguez, 1992).
La guerra por la guerra es un “sin sentido” vicioso reflejado en las 200.000 vidas perdidas en México en 10 años. Por el contrario, la guerra como el enfrentamiento crítico ideológico desde la acción civil y política es lo que se necesita. Claro ejemplo la guerra que el Estado uruguayo le ha declarado al narcotráfico a través de la regulación del cannabis.
En octubre de este año se llevó a cabo la conferencia mundial sobre reforma en las políticas de drogas REFORM 2017 en Atlanta (EEUU) organizada por Drug Policy Alliance. Ésta dio espacio a que entidades de la sociedad civil y académicos de todo el mundo discutan y expongan sus temas prioritarios con relación a los costos que la guerra contra las drogas ha ocasionado en sus países como en sus regiones. Latinoamérica tuvo un espacio importante en el que se debatió el estado de la coca y la cocaína en Perú, Bolivia y Colombia. Se compartieron visiones sobre regulación de mercados de la hoja de coca (Bolivia), se discutieron temas como el estado del proyecto de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo en Colombia, y en un intento de ir más allá, se exploraron propuestas de regulación del mercado de la cocaína.
Una cosa sí es clara y contundente, nuestros países no cesan en la búsqueda de soluciones pacíficas al conflicto que genera la criminalización de los cultivos (a través de la violencia como herramienta de la política de dominación). Es vital reconocer que para lidiar con problemas regionales son necesarias soluciones regionales. La Unasur es por ahora una buena alternativa de integración. Quienes tenemos a Latinoamérica en la sangre no podemos quedarnos de brazos cruzados, finalmente nuestras plantas fueron un bien de consumo que alguna vez supimos utilizar y estamos viviendo el tiempo preciso para reivindicar esa sabiduría con inteligencia, integración y visión a largo plazo.
- Patricia Chulver es directora de Acción Semilla
