Sorprende sobremanera cómo frente a la aprehensión del capo del narco boliviano en suelo brasileño, Fabio Adhemar Andrade Lima Lobo, el 15 de octubre tras aterrizar en una avioneta con 480 kilogramos de cocaína en Mato Grosso, se logró demostrar que el detenido es hijo de la excandidata del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) a la subgobernación de Mamoré en Beni en 2015, Carmen Lima Lobo. Esto demuestra el nexo vigente entre personas del Gobierno, el partido oficialista y el narcotráfico.
Asimismo, lo que más indigna es que Andrade fue liberado del penal de Palmasola de Santa Cruz donde fue recluido en 2012 por otro caso vinculado con el narcotráfico.
En ese sentido, lo que también es sorprendente son las amenazas telefónicas que mi familia y yo hemos recibido tras haber denunciado dicha relación de parentesco sin que se asuma de inmediato ninguna acción por parte de las autoridades del Gobierno, aunque más tarde reaccionaron. Esta es una muestra clara del poder con el que los cárteles y la gente que trabaja con ellos han llegado a tener y reproducir en complicidad sobre todos los niveles de Gobierno.
Esta situación es tan grave que ni siquiera los altos cargos políticos dejan de estar en la línea de riesgo por tal rubro, menos aún la Policía que demuestra no estar a la altura de la situación para hacerle frente a esta realidad ni peor aún garantizarnos de que uno está seguro.
Solo por citar un ejemplo, en el pueblo de San Germán —situado a 154 kilómetros de Santa Cruz y que está dentro de la considerada zona roja del narcotráfico— se encontraron más de 1.200 pozos de maceración para el narcotráfico. Ese sitio es testigo fiel de cómo los policías tienen que solicitar permiso para realizar su trabajo y éstos son datos muy conocidos en esa zona del oriente boliviano.
Si para una autoridad legislativa es difícil denunciar públicamente un hecho ilícito sin que se le ofrezcan las garantías necesarias, cómo será para un vecino, para un ciudadano o un padre de familia que es testigo de que cerca suyo existe un laboratorio o un distribuidor de estupefacientes en un colegio, barrio o cancha. Igual, cómo será de difícil recurrir a alguien cuando realmente nadie parece brindarle las garantías siquiera para advertir que sucede algo, menos todavía para iniciar las acciones necesarias que deberían desarrollarse.
Mientras el Gobierno continúe aumentando las hectáreas legales para este producto base, mientras se siga disminuyendo a tasas de un 40% los operativos antidrogas con respecto a un año anterior, mientras sigamos encontrando en el Gobierno central, departamental y municipal; familiares, funcionarios y amigos directos que involucren al Estado y al narco, no queda más que decir que Bolivia lamentablemente es un narcoestado construido de pies a cabeza ya sea por complicidad oficial y la falta de acción necesaria o porque directamente somos cómplices civiles o principales autores de que este gran negocio siga funcionando aquí al lado nuestro.
- Tomás Monasterio es diputado de Unidad Demócrata (UD)
