El Gobierno y las regiones llegan a la última etapa de discusión para alcanzar el pacto fiscal sin un acuerdo sobre los recursos públicos que financiarán las autonomías. El Ejecutivo afirma que existen 25 alternativas de financiamiento y las gobernaciones señalan que son opciones “complementarias” pero insisten en que el “tema de fondo” es la redistribución de recursos.
Según el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, estas 25 alternativas de financiamiento fueron elaboradas y aprobadas en consenso, el 11 de noviembre, en la decimoquinta reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, conformada por representantes del Gobierno, gobernaciones, municipios, autonomías regionales e indígenas campesinas.
La autoridad sostiene que la “propuesta conjunta” también se validó en el Consejo Nacional de Autonomías.
En su criterio, las 25 alternativas “son viables” y serán discutidas por el Gobierno y las entidades autónomas en mesas técnicas, para luego llegar a un acuerdo y consolidar las propuestas, aunque éstas deben tener respaldo técnico.
Se entiende por pacto fiscal al resultado de un proceso de concertación y aplicación de acuerdos entre el Gobierno y las entidades territoriales autónomas, con participación social para la gestión de los recursos públicos.
La disposición transitoria decimoséptima de la Ley Marco de Autonomías, aprobada en 2010, establece que el Gobierno elaborará una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y ejercicio efectivo de competencias de las entidades autónomas.
El viceministro anuncia que este mes se presentará un documento final sobre el pacto fiscal que prepara el Servicio Estatal de Autonomías con la idea de cerrar el diálogo sobre este proceso.
“Pero, el pacto fiscal como tal se implementará de manera gradual y progresiva a partir de la etapa cuarta y quinta que tienen mandatos que son las mesas técnicas, los consejos de coordinación sectorial y la agenda legislativa que tenemos”, explica Siles.
Para el analista económico Jimmy Osorio, la quinta etapa del pacto fiscal ha concluido con una “declaración de 25 intenciones” sobre las posibles fuentes de recursos para financiar las autonomías, pero no se ha alcanzado un “acuerdo vinculante” entre el Gobierno y las entidades autónomas a fin de mejorar el buen uso de los recursos públicos, reducir los desequilibrios existentes entre las regiones y lograr un eficiente gasto público.
Una muestra de esto es que no se ha logrado una determinación acerca de la propuesta sobre la redistribución o no de la coparticipación tributaria, repartición que se mantiene en el escenario actual.
En ese contexto, Osorio afirma que es muy riesgoso que los municipios y gobernaciones hayan avalado esta declaración de intenciones debido a que no se han logrado definiciones concretas sobre el uso de los recursos públicos.
Siles indica que entre las 25 opciones de financiamiento para el pacto fiscal está “analizar en una comisión técnica la viabilidad de transferir” a los gobiernos departamentales el dominio tributario del Régimen Agropecuario Unificado (RAU), el Impuesto al Juego (IJ), el Impuesto de Participación al Juego (IPJ) y los tributos de afectación medioambiental por las actividades hidrocarburíferas, mineras y de electricidad.
El delegado de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal de la Gobernación de La Paz, Fabián Yaksic, sostiene que se debe evaluar ese traspaso de dominios tributarios porque los actuales ingresos tributarios “son limitados”.
Sin embargo, asegura que el departamento no renunciará a la propuesta de redistribución tributaria debido a que es el “único” mecanismo con el que se pueden corregir las asimetrías que afectan a varias regiones”. “En el fondo, todas las gobernaciones tienen la necesidad de contar con recursos financieros que sean estables en el tiempo y lo único que lo garantiza es la redistribución de la coparticipación tributaria”.
Hoy, las regiones obtienen recursos por los tributos: a la sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles y muebles sujetos a registro público; la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática; la afectación medioambiental, excepto las causadas por vehículos, actividades hidrocarburíferas, mineras y electricidad.
Para el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, la cesión de dominios tributarios y las otras alternativas son “complementarias” debido a que el “tema central” es la redistribución de recursos y por ello se planteó que el 50% sea reasignado al Gobierno, el 23% a los municipios, el 20% a las gobernaciones, el 6% a las universidades estatales y el 1% a las autonomías indígenas.
“El pacto fiscal significa acordar una nueva redistribución de recursos en función de una nueva realidad del Estado autonómico, en función de las responsabilidades y competencias de cada nivel de gobierno y también significa la redistribución de la coparticipación tributaria”, afirma Peña.
Yaksic precisa que La Paz propuso modificar la coparticipación tributaria de la siguiente manera: el 65% de los ingresos para el Gobierno, el 20% para las alcaldías, el 10% para los gobiernos regionales y el 5% para las universidades. En tanto, la Gobernación de Tarija sugirió que el Ejecutivo administre el 50% de los recursos, el 28% los municipios, el 15% las gobernaciones y el 7% las universidades. Respecto de este tema, en el documento aprobado por el Gobierno y las entidades autónomas se considera como una opción de financiamiento el “análisis de la factibilidad y las condiciones de los cambios en los criterios de distribución de los recursos de coparticipación tributaria”.
La Ley 1551 de Participación Popular, vigente desde 1994, dispone que el 75% de la torta tributaria se destine al nivel central de gobierno, el 20% a las municipalidades y el 5% a las universidades.
El Viceministro de Autonomías reitera que el pedido de redistribución de recursos es “técnicamente inviable” debido a que esos dineros ya están designados a varios rubros y si la solicitud se consolida se generarían conflictos sociales.
La autoridad ratifica que del 75% de la torta tributaria, el 30% se reparte a educación, el 18% a pensiones, el 11% a salud, el 6% a las Fuerzas Armadas, el 6% a la Policía y solo el 3% se destina a la administración central.
“Esa es la fotografía de la realidad sobre los recursos de la coparticipación tributaria, entonces nosotros hemos preguntado a las gobernaciones que hicieron su propuesta ¿a quién quieren afectar? y no nos han respondido pues es inviable”, señala Siles.
Yaksic dice que se espera que se consolide la factibilidad de modificar la distribución de recursos de coparticipación tributaria porque, si bien el Gobierno justificó que no es posible aplicar esa propuesta dada la “característica inflexible del presupuesto”, debe hacerse una “reingeniería” de la distribución de recursos.
Osorio considera que si bien los gobiernos subnacionales demandan recursos por la reducción de sus ingresos debido a la baja del precio del petróleo, se requiere efectuar un estudio técnico sobre estas fuentes de recursos que sean sostenibles en el tiempo.
Otra fuente de recursos planteada y cuya viabilidad se debe analizar en una mesa técnica es la modificación del artículo 10 de la Ley 3302 para la transferencia al Gobierno del costo del bono de vacunación y del prediario de los privados de libertad sin sentencia.
Yaksic señala que si se consolida esta medida es parte de las “correcciones” que debe hacer el Gobierno de varias fuentes de recursos públicos y obligaciones que han mermado el presupuesto de las entidades autónomas.
A decir de Osorio, si las entidades territoriales no tienen los recursos para cubrir algunas obligaciones, pueden devolver las competencias y pasarlas a un nivel superior de administración, como ocurre en otros países del mundo.
