Hay una gran molestia con relación al resultado de la Sentencia 084/2017 dictada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El fallo establece la aplicación, con preferencia, del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluso sobre el apartado 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), cuya vigencia se revalidó con los resultados del referéndum del 21 febrero de 2016, que impiden al presidente Evo Morales postularse en 2019 para una nueva reelección.
Es una manera muy discrecional, arbitraria y abusiva de modificar la Carta Magna para pretender que los actuales gobernantes opten por ser reelectos sin límites legales, sobrepasando la voluntad del soberano.
El 3 de diciembre, la población expresó su molestia con relación a esta actitud de la administración de justicia que, como se ve, está sometida al poder político; de allí los resultados nefastos de las elecciones judiciales, a pesar de la campaña mediática y publicitaria que se impulsó desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Por lo tanto, quienes dicen que los resultados de estos comicios —marcados por el voto nulo— se deben a la falta de conocimientos sobre los perfiles de los candidatos, también confirmarían que se hizo un gasto millonario e insulso, debido a que los errores se dieron desde el mismo proceso de preselección de aspirantes.
Fue así que el voto del 3 de diciembre ratifica el voto del 21 de febrero de 2016, cuando la voluntad del pueblo dijo No a la modificación de la Constitución. Estos resultados también son una expresión del rechazo ciudadano al TCP, que en lugar de vigilar el cumplimiento de la Carta Magna se sobrepasó en interpretarla, violó la normativa y creó una jurisprudencia sin la legitimidad que otorga el poder del soberano. Se apuntan así dos elementos que pueden ilustrar al lector sobre el escenario en el que está el fallo del TCP:
1. Cuando se trata de transformar el Estado o modificar situaciones de importancia —léase la repostulación indefinida de las autoridades— se debe llamar a una Asamblea Constituyente, cuya validez sea aprobada previamente por un referéndum.
2. La única entidad democrática que puede dictar leyes es la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Por tanto, el TCP no tiene esas facultades y atribuciones y lo que hizo con la Sentencia 084/2017 es una ruptura del orden constitucional, porque tira por los suelos ese acuerdo que hay entre los gobernantes y gobernados de respeto a la Constitución Política del Estado. Los magistrados del TCP que firmaron la sentencia están condenando al país a un estado donde las leyes y los derechos de ciudadanos no están protegidos.
Frente a esta situación aparecen ciudadanos cansados del abuso del Gobierno central y otros que se prestan a la manipulación legal. Por eso es que las tensiones pueden llegar a las calles como en otras ocasiones de la historia reciente del país.
Nuestra propuesta no es en contra de las personas, es sobre la base de principios, a reclamar derechos, queremos seguir viviendo en democracia y en un estado de derecho. Es por eso que vamos en esa ruta, con una serie de acciones de resistencia civil, tal como instruyó la Asamblea de la Cruceñidad. Llamaremos a un paro nacional en coordinación con las otras entidades cívicas del país.
La fecha de la extrema medida será definida en el momento más oportuno, pero en caso de que no se pueda lograr un gran paro nacional, en Santa Cruz tenemos un mandato de la Asamblea de hacerlo a escala departamental. Espero que el Gobierno nacional cambie de actitud, escuche a su pueblo, sepa que la gente está molesta con las acciones del TCP y que no puede seguir manejando el aparato estatal como lo está haciendo.
Las movilizaciones continuarán hasta que el Presidente desista de su pretensión de ser candidato y se someta al artículo 168 de la CPE.
En el marco de las medidas establecidas por la Asamblea de la Cruceñidad está la vigilia permanente, una caravana de las damas del Comité Cívico Femenino a Cotoca, una marcha pacífica y recolección de firmas para adjuntar al recurso que será presentado a organismos internacionales. Todo ello con el fin de revertir el fallo del TCP y analizaremos otras acciones de resistencia pacífica que realizaremos en coordinación con las plataformas ciudadanas y las instituciones sociales cruceñas. Por ello, en la Asamblea de la Cruceñidad se vio el respaldo de los sectores sociales para llevar adelante el paro cívico cuando se lo determine.
Fernando Cuéllar es presidente del Comité pro Santa Cruz
