En la actualidad hay una campaña sostenida de la derecha para desinformar a la ciudadanía principalmente por las redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp sobre las decisiones del Ejecutivo y las normas que impulsa la Asamblea Legislativa Plurinacional que benefician a la población.
Un ejemplo de esto es la Ley del Código del Sistema Penal Boliviano que ha sido observada por diferentes sectores por la difusión en las redes sociales de información falsa, que incluso demuestra que no se ha hecho ninguna revisión de la norma.
En ese sentido, la mejor muestra de que hay una absoluta libertad de expresión y de pensamiento en el país es que no hay una regulación o control de las redes sociales y tampoco se han asumido acciones o se ha sancionado a aquellas personas que emiten estos datos falsos y erróneos.
En cambio, en el periodo de las dictaduras los paramilitares y militares intervenían los medios de comunicación para acallarlos, así como a las personas que expresaban su oposición a estos regímenes.
Dicha realidad no está vigente ahora en el país y más bien lo que está ocurriendo en la actualidad es una “guerra de cuarta generación” en la que se utilizan las redes sociales en contra de los sistemas políticos, como se ha visto en otros países, con el objetivo de desestabilizar a los gobiernos y al régimen democrático.
Los bolivianos tienen todo el derecho a disentir sobre diferentes temas. Sin embargo, muchos ciudadanos si bien no son militantes de ningún partido político han sido influenciados por las redes sociales y los medios de comunicación. Y esa es una dificultad que existe.
Uno no necesita ser militante de un partido de derecha para tener la influencia de ese frente político y esa es una estrategia mediática que alcanza a un amplio sector de la clase media, de los jóvenes y de los sectores urbanos del país.
No obstante, un riesgo de este tipo de expresiones es que cualquier aseveración que se realice acusando a una persona de alguna irregularidad o acción sin pruebas se puede convertir en una verdad y afectar de manera directa a la persona acusada, sin que ésta pueda defenderse de dichas afirmaciones o acusaciones.
En esa línea, no se trata de una lucha ideológica ni política y tampoco es un debate de ideas, de proyectos o propuestas que se confrontan sino que es “una guerra de cuarta intensidad” en la que se usa las redes sociales y los medios de comunicación para desestabilizar a los gobiernos.
Ante esto, lo único que podemos hacer es esclarecer las mentiras y la falsa información que se publica en las redes sociales que son difundidas por los partidos de la derecha, a través de empresas contratadas en el exterior, el cual es un sistema ya conocido, para atemorizar a la población debido a que es una nueva forma de lucha no convencional.
Pese a esto, la libertad de expresión y de pensamiento está totalmente garantizada debido a que es un derecho humano fundamental y de ninguna manera se vulnerará.
En ese contexto, deseo insistir en hacer una reflexión en el rol de los medios de comunicación que pueden ser utilizados como un mecanismo de generar ciertas crisis por el elevado potencial formador y orientador que tienen sobre las conductas de la sociedad y su alcance masivo.
También es necesario que el Gobierno refuerce todavía más la socialización de las decisiones o normas que impulsa con todos los sectores sociales para evitar la difusión de estas mentiras o de falsa información.
- Sonia Brito es diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS)
