El tiempo y los hechos amplían la perspectiva para juzgar adecuadamente las acciones. Durante distintos momentos he contemplado diversos editoriales de La Razón que analizaban el proceso autonómico de Santa Cruz y particularmente su Estatuto desde una visión crítica. El fallo constitucional que declara la compatibilidad plena del Estatuto cruceño con la Constitución Política del Estado marca el fin de un proceso, y también la oportunidad propicia para realizar un balance.
Los editoriales (19/07/2013, 28/06/2016, 24/10/2016, 25/12/2016 y 18/09/2017) cuestionaban el origen del Estatuto y su adecuación. Se afirmaba entonces cuatro cosas concretas, que el Estatuto había sido una propuesta contra la Constituyente, que el referéndum aprobatorio fue ilegal, que hubo tardanza en la adecuación y finalmente que ésta se había realizado sin participación.
La demanda autonómica cruceña es histórica y fue retomada a inicios de siglo por el movimiento cívico. Los dos primeros cabildos realizados en 2004 y 2005 definieron la agenda y la ruta. También se planteó un acuerdo con el Gobierno nacional para que se convoque a referéndum por autonomías y la elección de prefectos antes de la convocatoria a la Constituyente y finalmente se aceptó una consulta por autonomías departamentales vinculante a ésta.
Nunca hemos levantado una bandera contra otra. El cabildo del millón solo recondujo el proceso ante el fracaso constituyente, reconocido por la disposición transitoria tercera de la Carta Magna. El autonomismo ve un solo adversario, el centralismo, independientemente del color que vista.
La aseveración de que el referéndum aprobatorio del Estatuto fue ilegal, en sintonía con la retórica gubernamental, es la más injusta de todas. Después de casi 10 años la retórica de la ruptura constitucional ha quedado reducida a una fake news inmensamente publicitada por el aparato progubernativo. Ningún tribunal declaró nunca ilegal, nula o inconstitucional la convocatoria ni la administración de la consulta.
Una impecable arquitectura constitucional, realizada por los autonomistas, intentó ser paralizada por la Corte Nacional Electoral de entonces al suspender la competencia de la Corte cruceña para administrar la consulta, pero el recurso electoral presentado evitó que esto se consumara. Posteriormente, dos leyes nacionales arrebataron la atribución a los prefectos de convocar referéndums, pero ya era tarde, la convocatoria estaba en marcha y la ley no se aplica retroactivamente. Ante esto, los centralistas jugaron su última carta, el abstencionismo, y perdieron.
La amplia participación ciudadana y una victoria del Sí al Estatuto con el 86% de apoyo popular marcaron el camino irreversible de la autonomía y el Estatuto, que luego sería avalado por la Constitución. Es por este motivo que los cruceños ya no tendremos que realizar otro referéndum para aprobar nuestro Estatuto, porque el de 2008 fue legal, legítimo y válido, tal y como reconoce hoy el Constitucional.
La falta de dos tercios en la Asamblea Legislativa Departamental en el periodo 2010-2015 imposibilito a la fuerza autonomista concretar la adecuación; por el contrario, el masismo defensor del centralismo con más de un tercio bloqueó cualquier avance. Sin embargo, se creó la comisión especial de adecuación estatutaria, se tendieron puentes con los pueblos indígenas y se resistió el derrocamiento del primer gobernador electo, paradójicamente ordenado por la Ley Marco de Autonomías.
Ante la adversidad, no somos de mirar para otro lado, el optimismo se alimenta de un trabajo sostenido. Para las elecciones de 2015 el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) pidió a los electores un apoyo contundente para concretar la adecuación y se consiguió el impulso para lograr los dos tercios buscados.
Los cambios no se logran con impaciencia, sino con ruta fija y determinación. En la etapa de socialización se realizaron 57 audiencias territoriales, indígenas y sectoriales, se recibieron 40 propuestas de todos los sectores, de los pueblos indígenas, y también de algunos de sectores afines al MAS.
Finalmente, Demócratas y el bloque indígena concertaron la adecuación y así el Estatuto de Santa Cruz se convierte en el primero aprobado y adecuado por autonomistas, una diferencia sustancial que se trasluce en su contenido. Porque hay estatutos redactados para controlar la autonomía, y otros para abrirla al futuro.
Mientras esto ocurría, la gestión pública se afianzaba con la autonomía al andar. Muchas familias salían de la exclusión con el acceso a servicios básicos, migrantes se incorporaron al tejido productivo, niños salvaron sus vidas con operaciones de corazón abierto, bolivianos llegaron a Santa Cruz de todo el país a tratarse el cáncer con radioterapia. Son reformas que marcan la construcción de nuestro Modelo Social de Desarrollo.
Al final, la autonomía es un instrumento para un cambio auténtico y profundo, un cambio en las condiciones de vida de la gente. Por eso, Rubén Costas, conductor de este proceso durante este periodo, incrementó su respaldo, llegando a obtener el 60% de confianza ciudadana, y este es el veredicto que cuenta.
Aún es posible derribar muros, aunque la tarea nunca es fácil ni inmediata. En la era de las fake news, al menos por un tiempo, vale lo mismo decir una cosa que la contraria, pero los ciudadanos y la historia nos ven y nos juzgarán a todos. Y después de 12 años seguimos en el camino.
- Vladimir Peña es secretario ejecutivo de Demócratas en Santa Cruz
