El Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene apuro en volver a abordar una ley del sistema penal, aunque la oposición pretende que la construcción de la nueva norma se mantenga en la agenda para utilizarla políticamente y ganar terreno en el ámbito proselitista.
Lo que nosotros podemos afirmar es que el Código del Sistema Penal recientemente abrogado no fue promulgado para atentar o afectar a algún sector u organización; por ello, ante el descontento y la desinformación, se continuó socializando la normativa y las ventajas que postulaba para transformar la justicia, entre otros aspectos la solución a los cientos de casos de retardación.
Cabe resaltar que dicho Código se trabajó con los sectores sociales y con ese fin se realizaron cumbres departamentales y nacionales, en las que se debatió en profundidad los problemas de la justicia y se recogieron todas las propuestas para hallar una solución a esas dificultades.
Las protestas de ciertos sectores que observaron algunos artículos fueron utilizadas por los partidos opositores como bandera política para reivindicarse el recurso abstracto de inconstitucionalidad en contra de la habilitación a una repostulación indefinida del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera y otras autoridades, el cual fue aprobado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Tenemos la seguridad de que la oposición tiene muchas estrategias más para desgastar la imagen del presidente Morales de cara a las elecciones presidenciales de 2019.
Lo lamentable de todo lo sucedido es la campaña de desinformación que se desarrolló y que dejó sin efecto cambios trascendentales que debían consolidarse a partir de la vigencia de la nueva normativa.
Por eso, se debe recalcar que el oficialismo no tienen ningún apuro ni en los siguientes meses ni en esta legislatura en retomar una discusión de la nueva ley, eso dependerá de la socialización con las organizaciones, pues será con base en las observaciones que ellas realicen que se reconstruirá el nuevo Código.
También queremos conocer una propuesta alternativa de los frentes opositores, en especial de los artículos que han sido observados.
En ese marco, se abrirá un amplio espacio de socialización en el que participarán médicos, transportistas, comerciantes, instituciones colegiadas, organizaciones sociales, sindicales y otras. Es importante coordinar con todas estas entidades para informar el verdadero contenido del futuro Código y lograr acuerdos para evitar más conflictos o tensiones. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía y a todos los sectores sociales a informarse sobre los contenidos del Código y efectuar un profundo análisis para evitar que se restablezca la campaña de desinformación.
Asimismo, será importante que la nueva redacción de la norma se realice sobre la base del Código promulgado en diciembre de 2017 y anulado en enero; el valor de esto es que ya se hizo un trabajo de socialización y de consenso con los diferentes sectores del país. El fin del Código es lograr la transformación del sistema judicial y que éste sea ágil, transparente y libre de corrupción.
En todo caso, es vital tener una normativa actualizada, ya que la vigente data de 1972 y fue aprobada en el gobierno dictatorial de Hugo Banzer, lo que el oficialismo pretendía era tener una ley adecuada a estos tiempos pero todo ese esfuerzo no se pudo terminar de concretar.
- Nélida Sifuentes es senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS)
