Son evidentes los paralelismos entre los procesos políticos que vivieron Bolivia y Ecuador en los últimos años, especialmente tras el arribo de gobiernos populares con amplio apoyo ciudadano, establecidos con base en idénticas promesas como la eliminación de la corrupción, el desarrollo y la generación de riqueza; la recuperación de la dignidad nacional; la defensa del medio ambiente y los pueblos indígenas y, sobre todo, la obediencia a la voluntad popular y el respeto a un régimen democrático.
Ambos regímenes impusieron nuevas constituciones; gobernaron bajo el eslogan: la “Revolución Ciudadana” o la “Revolución Democrática y Cultural” y prometieron el “vivir bien” o el “buen vivir”, como horizonte ideológico. Asimismo, impulsaron un mayor control estatal de la economía; emprendieron imponentes obras públicas; implementaron reformas sociales y mantuvieron a sus países en un modelo primario dependiente de la exportación de sus recursos naturales, lo que les reportó altos ingresos en época de bonanza.
Pero también fueron idénticos en otras variables aún más delicadas. Apelando a su mayoría parlamentaria, tanto el expresidente ecuatoriano Rafael Correa como el presidente Evo Morales asumieron el control total de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral y crearon aparatos políticos paralelos como la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Así también implementaron un sistema de hostigamiento sobre el periodismo y los medios privados; silenciaron o expulsaron a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que les eran críticas; promovieron el culto a la personalidad del líder y construyeron un esquema de polarización política y social. Sin embargo, quizá el paso más temerario fue el intento de imponer una legislación que les permitiera reelegirse indefinidamente.
Correa lo logró con la reforma a la Constitución en 2015 que impuso sin consulta popular, y Morales pretende alcanzarlo con un fallo ilegal del Tribunal Constitucional Plurinacional, pese a que en febrero de 2016, la mayoría de los bolivianos le negó esa pretensión en un referéndum abierto y transparente.
Sin entender ese contexto, es difícil interpretar adecuadamente el resultado de la consulta popular del 4 de febrero de este año en el Ecuador y la creciente movilización ciudadana de los últimos meses en Bolivia; ambos procesos sociales abiertamente contrarios a la reelección indefinida.
Pero junto a ello, también es evidente que otros vectores unificaron la crítica de la ciudadanía que se expresó en: consultas populares, el rechazo a la corrupción generalizada de la clase gobernante, la violación a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos indígenas; la entrega de áreas protegidas a las empresas transnacionales, los ataques a la libertad de prensa y de expresión, la desinstitucionalización del Estado y la cooptación de las organizaciones sociales. Todos estos factores se expresaron en las siete preguntas que se planteó el pueblo ecuatoriano y que hoy también demandan las movilizaciones ciudadanas en Bolivia.
El rechazo ciudadano tiene que ver con un principio básico que, ni Correa en su momento ni Morales actualmente, alcanzan a comprender y es que los pueblos de Latinoamérica han asumido profundamente su decisión de vivir en democracia, y que por mucho que se intenten disfrazar las dictaduras militares, constitucionales o populares, no dejan de ser democracias defectuosas.
La sabiduría del pueblo alcanza a distinguir claramente entre un régimen que busca el bienestar del pueblo, obedeciendo a la ley, y otro que solo quiere mantener y reproducir los beneficios del poder vulnerándolo de acuerdo con sus intereses.
Pero, además es evidente que la democracia en cualquiera de nuestros países, no es entendida solo como democracia cuantitativa sino cualitativa pues ésta se basa en un modelo social y político, en el que se respeten las leyes, que la voluntad de la mayoría no sea burlada con artificios y sofismas, que los órganos del Estado ni sus instituciones sean funcionales a los gobiernos de turno y donde cada ciudadano se sienta protegido por un sistema jurídico y político probo, independiente y justo.
Cuando este modelo perfectible intente ser conculcado, la gente reaccionará invariablemente ya sea a través de las movilizaciones sociales, la respuesta en las urnas o en el enfrentamiento como sucedió durante los regímenes neoliberales o en las dictaduras militares que combatimos, exigiendo democracia, en el marco de los derechos constitucionales.
