Los estudios que nos dan pistas sobre las formas de apropiación de la ley en Bolivia no profundizan en la figura del abogado, presente en cientos de dichos populares (como por ejemplo: “En Bolivia todos son abogados hasta que demuestren lo contrario”), la ficción literaria y cinematográfica, e incluso en las entradas folklóricas bolivianas donde se puede disfrutar la sátira vengativa de los doctorcitos.
La preocupación por el estado de la justicia y los intentos por reformarla llevan ya bastantes años. En las últimas décadas hubo una serie de intentos de reforma. Ramiro Orías (citado por Miguel Ángel Foronda en este libro) los entiende como ciclos. El primero, entre 1992 y 2003, partió de la modernización del Estado y se caracterizó por el desarrollo de un marco institucional que incorporó al Tribunal Constitucional y al Consejo de la Judicatura, aparte de darle estatuto de cartera independiente al Ministerio de Justicia. El segundo ciclo, entre 2003 y 2005, fue signado por la acción conjunta de los tres poderes del Estado, los cuales intentaron construir una política de “Justicia para todos” y, en particular, para los “sectores vulnerables y excluidos de la sociedad”. Se concibió una política que apostó por mecanismos de resolución alternativa de conflictos (por ejemplo, conciliación, centros integrados de justicia y justicia de paz). Finalmente, el tercer ciclo, a partir de la gestión del primer gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) el 2006, que aprobó, entre sus hitos fundamentales, la actual Constitución Política del Estado (2009), un modelo de justicia plural que reconoce las jurisdicciones ordinaria, agroambiental, constitucional e indígena originario campesina, y reforma los mecanismos de elección de las máximas autoridades por sufragio universal.
La cuestión es que los planes de reforma contemporáneos, tanto los que eran parte del proceso de modernización del Estado —propios del neoliberalismo— como los del denominado “proceso de cambio” que se vive en Bolivia, no lograron eliminar ni la retardación de justicia ni la corrupción, mostrando que los esfuerzos reformistas no fueron suficientes y/o que la corporación judicial es capaz de resistir de forma eficaz los esfuerzos del Estado central por transformarla.
En la apertura de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, el 10 de junio de 2016, en Sucre, el vicepresidente Álvaro García Linera admitió, en su discurso inaugural, que “la justicia de hoy —con notables excepciones— sigue siendo muy parecida a la de antes”. Por lo reciente de los hechos, todavía no podemos vislumbrar los escenarios de diálogo o de conflicto entre el Estado y la corporación judicial, pero podemos suponer que se aproximan jornadas intensas.
En los trabajos compilados en esta publicación, nos acercamos a la justicia desde el estudio de la interacción social de abogados, fiscales, jueces y ciudadanía para aportar con un diagnóstico a la reforma del sistema judicial boliviano. En esa dirección, intentamos también identificar temáticas clave que podrían ser profundizadas en próximas etapas.
La primera investigación de esta serie —Abogados y pistoleros. Crimen, política y justicia en el Valle Alto (1875-1899)—, de Huáscar Rodríguez, es de carácter histórico y analiza la lucha política de fines del siglo XIX en el Valle Alto cochabambino. Rodríguez, basándose en procesos judiciales, hemerografía, folletería, legislación, memorias, cartas e informes oficiales, nos muestra la política situada por igual a ambos lados de la ley, teniendo en el mismo bando tanto a pistoleros como a abogados.
El segundo trabajo, de Elise Gadea, investigadora asociada al Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), analiza el rol de los abogados indígenas en tanto intermediarios entre la justicia ordinaria y la justicia indígena originaria campesina. Su análisis se focaliza en la actual paradoja de la justicia indígena, pues aunque la Constitución Política del Estado reconoce su jerarquía, en la práctica se la subordina a la justicia ordinaria. Su estudio se basa en trabajo etnográfico, entrevistas y bibliografía secundaria.
La tercera investigación, de Jorge Derpic, estudia la forma en que los fiscales perciben a los abogados, así como la profesión legal, e identifica las principales prácticas de los abogados —en tanto intermediarios legales— en el avance o el retraso de los procesos judiciales. Su trabajo tiene sustento en revisión bibliográfica, búsqueda hemerográfica y entrevistas semiestructuradas.
En la cuarta investigación, de mi autoría, me enfoco en el aprendizaje del oficio en los distintos ámbitos de formación de abogados, para entender cómo se desarrollan las “mañas” en algunos de ellos. Mi pesquisa se concentra en entrevistas en profundidad sobre la universidad, la práctica laboral en el juzgado y la práctica en el bufete. Por otro lado, rastreo posibles soluciones —desde el punto de vista de los abogados— a los problemas de retardación de justicia y corrupción.
La quinta investigación, de Miguel Foronda, apunta a entender el marco institucional dentro del cual se ejerce la abogacía, la percepción que tienen algunos abogados de su profesión y sus hábitos, al igual que la forma en que éstos se relacionan con el sistema judicial paceño. Su estudio se basa en revisión documental, entrevistas semiestructuradas y un grupo focal.
- Hernán Pruden es sociólogo y doctor en Historia
