El debate metodológico del pacto fiscal ha concluido con la novena Sesión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) el 7 de marzo. Este debate, llevado a cabo durante un poco más de dos años, permitió desarrollar un histórico diálogo entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.
Los consensos del pacto fiscal son las 25 alternativas de financiamiento, los consejos de coordinación sectorial en salud, minería y seguridad ciudadana y la agenda legislativa.
De forma inexplicable la única autoridad ausente fue el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, quien luego en una conferencia con los medios de comunicación señaló su “rechazo al pacto fiscal” por considerarlo uno de los elementos que “conforma una estrategia destinada a ahogar a la Gobernación e impedir los servicios a los ciudadanos cruceños”.
Respecto a este tema es importante mencionar que el proceso de diálogo del pacto fiscal se realizó de forma ordenada y en el marco de una metodología que fue aprobada e implementada paso a paso, tanto en la Comisión Técnica del Pacto Fiscal (CTPF) como en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA), con la aceptación de representantes del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
Por lo que expresar un rechazo al pacto fiscal es una aseveración en total contrarruta, más aun tomando en cuenta los resultados alcanzados en el mismo, avalados mediante la aprobación de resoluciones que cuentan con la firma del gobernador Costas.
También se refirió sobre la negación del Gobierno para hacer frente a sus competencias, imputando gastos a la Gobernación de Santa Cruz que son de exclusividad del nivel central del Estado. En este punto es importante recordar que, mediante Resolución 009/2017, del 15 de noviembre de 2017, los miembros del CNA aprobaron —consta la firma del gobernador Costas en el documento— los “mandatos y 25 alternativas de financiamiento”, entre las cuales se contempla una mesa técnica para analizar la modificación del artículo 10 de la Ley 3302 y su viabilidad para la transferencia al nivel central del Estado del costo del bono de vacunación y del prediario de los privados de libertad sin sentencia.
Así como reducir la condicionalidad del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), a partir del establecimiento de una mesa técnica para analizar su factibilidad.
En este contexto, el proceso de diálogo del pacto fiscal trae consigo una agenda de implementación gradual y progresiva de los consensos y acuerdos alcanzados, contemplándose alternativas que permitirán la generación de nuevos recursos propios. Los argumentos y afirmaciones planteadas con el objetivo de patear los resultados y consensos del pacto fiscal demuestran, por un lado, el desconocimiento de los resultados generados en el proceso de diálogo del pacto fiscal ya que este proceso ha generado resultados cuya implementación será de cualificación en la gestión pública subnacional, por lo que no existen temas cerrados o rechazo de parte del Gobierno de debatir propuestas completas y que cuenten con viabilidad técnica, por la responsabilidad que ello conlleva a quienes estamos a cargo de brindar servicios públicos a la población.
Por tal motivo, es posible afirmar que las posturas que buscan un desmerecimiento de todos los avances y resultados generados en torno al proceso de diálogo del pacto fiscal entran en su propia contradicción.
Las propuestas de redistribución de recursos presentadas son incompletas e inviables, en la medida que las mismas no señalan los sectores a los cuales se pretende afectar para otorgar recursos de coparticipación tributaria a los gobiernos autónomos departamentales. La inflexibilidad a la baja de los recursos de la coparticipación tributaria, se sustenta en el ámbito técnico y social.
Finalmente, es evidente que en algunos departamentos se continúa una campaña alejada de la verdad sobre el pacto fiscal, convirtiendo a este proceso en un elemento programático de campaña, a pesar de haber convenido al interior del Consejo Nacional de Autonomías que los avances y resultados no serían politizados, pues lo que busca este pacto y sus consensos es mejorar el régimen económico del país en su conjunto y no, por el contrario, convertirse en bandera política de cara a las próximas elecciones generales.
