A más de un año debatiendo el pacto fiscal en 15 sesiones de la comisión técnica y nueve sesiones del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), el diálogo ha perdido el rumbo por la manera cómo el Gobierno ha encarado este proceso, estableciendo que el mismo no implicaría ningún tipo de modificaciones al régimen económico financiero sino meros ajustes administrativos que mejoren la gestión subnacional.
En este tiempo se ha logrado apenas resumir los “acuerdos y disensos” en un documento, de tres hojas, denominado eufemísticamente “Mandatos y alternativas de financiamiento”, que no son otra cosa que 25 buenas intenciones y potenciales fuentes alternativas de financiamiento, las cuales serán abordadas en otras nuevas comisiones y consejos sectoriales a constituirse.
El país tuvo dos reformas fiscales importantes, una en 1986 con la Ley 843 disponiendo un nuevo régimen tributario; y otra que se consolidó con la Ley de Descentralización Administrativa (1995) y la Ley de Participación Popular (1994) que municipalizó el país estableciendo la distribución automática de la coparticipación tributaria por población a todos los gobiernos municipales, quitando a las prefecturas (hoy gobernaciones) esta fuente de recursos y condenándolas a una dependencia de fuentes volátiles a los precios internacionales de exportación de las materias primas (hidrocarburos y minería). Urge una tercera reforma fiscal, acorde con el nuevo régimen autonómico contemplado en la Constitución Política del Estado (CPE) que corrija al menos las asimetrías provocadas y establezca una agenda fiscal mínima, orientada especialmente a resolver las dificultades de los gobiernos departamentales.
De todos los niveles del Estado, son las gobernaciones que hoy cuentan con menos recursos públicos y más competencias que hace 12 años, a diferencia del Gobierno y los gobiernos municipales, que gracias a los recursos de la coparticipación tributaria cuentan con fuentes que les da mayor estabilidad financiera y que se elevaron en el mismo periodo.
Los gobiernos departamentales están en crisis e insolvencia financiera, y requieren alternativas de financiamiento más estables, entre las que podemos mencionar las siguientes como: incrementar la coparticipación tributaria de las gobernaciones del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) o transferirles dominios tributarios nacionales cuyos hechos imponibles signifiquen una importante recaudación (Impuesto a los Consumos Específicos, entre otros)
Asimismo, se plantea la modificación de las fuentes y propósito del Fondo de Compensación dirigido a las gobernaciones que cuenten con recursos per cápita por debajo del promedio nacional o la restitución a los gobiernos departamentales del 10% en la coparticipación tributaria de los siete impuestos nacionales como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el impuesto al Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT), el Gravamen Arancelario (GA), el Impuesto a las Utilidades a las Empresas (IUE), el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) y el Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE).
Otras propuestas son que se devuelva los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que hoy siguen financiando competencias nacionales (como los prediarios del régimen penitenciario, el bono de vacunación, el fondo de Exploración y Explotación de Hidrocarburos) y que se cumpla con lo establecido en el artículo 368 de la Carta Magna que señala que los gobiernos departamentales no productores de hidrocarburos como La Paz, Oruro y Potosí reciban un porcentaje de estas regalías. Ya Beni y Pando lo hacen.
De no lograrse una nueva reforma fiscal, que al menos consolide la base material de las gobernaciones y puedan ejercer plenamente sus competencias, el “diálogo” habrá terminado sin pacto fiscal y seguirán las autonomías tuteladas desde el nivel central del Estado.
