En un artículo escrito por Vladimir Peña, de la Gobernación de Santa Cruz (4 de abril de 2018), se alude a nuestros actuados en el procedimiento de conciliación y delimitación entre Chuquisaca y Santa Cruz, por lo que es necesario detallar los siguientes aspectos:
En el caso de la suspensión del pago de las regalías de Incahuasi, funcionarios de la Gobernación cruceña, encabezada por Vladimir Peña, salieron a responsabilizar al Gobierno nacional y a enlodar a personas e instituciones, con el único propósito de salvar sus propias responsabilidades. Para esto, mostraron en público una y otra vez una nota del entonces Ministerio de Autonomías dirigida a YPFB, del 13 de julio de 2016, en la cual se indica que la información cartográfica entre Santa Cruz y Chuquisaca es referencial. Con esto pretendieron justificar una supuesta “traición” a Santa Cruz y hasta anunciaron la organización de un paro departamental. Al respecto, es necesario dejar en claro los siguientes puntos:
1) La Gobernación cruceña sabe y reconoce que el uso del término referencial es correcto, que a la vez los límites son oficiales y se utilizan a diario en consulta para la gestión pública.
2) La Gobernación cruceña siempre fue consciente de que la nota de Autonomías a YPFB del 13 de julio de 2016 es una comunicación inter- institucional regular y que por sí misma no genera derecho. Además, existen al menos siete notas similares anteriores a la mencionada nota.
3) La Gobernación cruceña supo siempre que la cartera de Autonomías conoce de límites a partir del inicio de procesos de delimitación en el marco de la Ley 339 a solicitud de alguna de las partes y que el Instituto Geográfico Militar es la única entidad facultada para emitir la cartografía oficial en el país.
4) La Gobernación cruceña supo siempre que la cartera de Autonomías, desde el momento mismo en que admite el proceso de delimitación entre Chuquisaca y Santa Cruz (Chuquisaca solicitó el procedimiento de conciliación y delimitación el 22 de agosto de 2016 y se admitió formalmente el 8 de noviembre de ese mismo año) y aun en forma previa y posterior según diversos informes, se validaron y actualizaron geográficamente la vigencia de las leyes de 1898, 1912 y 2004, respectivamente.
En este contexto y lo grave del asunto, es que mientras se hacía escarnio y se declaraban traidores y enemigos de Santa Cruz al ministro Rada y a mi persona, nunca mostraron las declaraciones del entonces abogado de la Gobernación cruceña, Luis Fernando Roca, ante el juez de garantías en la audiencia del 8 de marzo de 2017. He aquí solo algunas:
“Las autoridades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia y del anterior Estado hacen mención de que son límites referenciales” “Este término (referencial) quiere decirnos que no es definitivo porque posiblemente se pueden crear nuevos municipios, nuevas provincias, nuevos departamentos.” “Entonces, ese es el sentido de por qué las autoridades dejan la terminología de límites referenciales, aunque obviamente son oficiales.”
“Decimos que Chuquisaca se sustenta en una serie de comunicaciones y carteos en su pretensión y no revisa lo que debemos revisar los que administramos la cosa pública y aquellos que administran la justicia: normas jurídicas de carácter imperativo, las notas, las cartas, los informes son simples comunicaciones, documentos con carácter facultativo y que luego pueden dar a decisiones, no son los instrumentos en los cuales basar nuestras peticiones y nuestras decisiones”.
“Con relación a las atribuciones del Ministro de Autonomías y de sus viceministros, (en) ninguna de ellas vamos a encontrar la atribución de otorgar al ministro el poder proporcionar la información cartográfica oficial del Estado boliviano ni el manejo de información sobre los mapas político administrativos. La única atribución que va a encontrar, señor juez, de garantías constitucionales es la relativa a la competencia de conocer y resolver los asuntos de límites entre departamentos; así lo determina (la Ley) 339”.
Estas flagrantes contradicciones entre el funcionario Vladimir Peña y su abogado, que nunca se informaron, se constituye en la artimaña de la Gobernación de Santa Cruz escondiendo información, mostrando solo lo que les conviene, con el único propósito de que cuatro funcionarios puedan salvar sus debidas responsabilidades. Esta tamaña deshonestidad carente de toda ética posible al momento de encarar la política en Santa Cruz, es algo intolerable para la construcción de una ve
rdadera democracia. Dios nos libre de pretendidos liderazgos tan prepotentes en su impostura y capaces de lo indecible para salirse con la suya.
