De qué medio es usted? Ah, con razón”. No es una consulta inofensiva a un periodista porque tiene el peso del poder. Salió de boca del vicepresidente, Álvaro García Linera, y del ministro de la Presidencia, Alfredo Rada; de dos de las máximas autoridades del Estado.
La frase retumba entre los micrófonos y grabadoras que sujetan más de una decena de periodistas que cubren el área política en el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional, desde donde se toman las decisiones de Estado.
Su rostro muestra molestia y el tono de su voz es desafiante; su mirada se fija directamente en el rostro de los periodistas que lanzaron esa pregunta, que consideran “impertinente”, aquella que “incomoda” y no es de relleno en una conferencia de prensa sino busca respuestas más allá de los hechos ya conocidos, aquellos que se pretenden esconder.
Acabamos de celebrar el Día del Periodista y no hay mejor momento para recordar el rol que cumplen junto a los medios de comunicación: indagar los hechos, lo que no es público, lo que no se dijo, comparar y contrastar la retórica y la práctica de los gobernantes y otros actores.
Además, es alentar el debate público, la reflexión de los asuntos de Estado, la rendición de cuentas del aparato estatal y del sistema político en general, que concierne a cada uno de los habitantes del país.
Por tanto, el periodista no es un simple transmisor de la voz oficial de las autoridades, no es el conformista con una declaración repetitiva y cansina, no es el sujeto pasivo que graba, filma, edita y redacta las notas para “complacer” a los gobernantes o a las fuentes; no, o no debería serlo.
Más al contrario, tiene la misión de buscar fuentes confiables, formular preguntas cuando las declaraciones no son satisfactorias, buscar información en off de record [fuera de grabación] para seguir indagando, definir la línea informativa de relevancia y defenderla frente a sus jefes de prensa y redacción.
De manera simple —creo—, ese es el “periodismo libre”; pero no, este tipo de periodismo no siempre es del agrado de los poderes fácticos, por eso la pregunta “¿de qué medio es usted?”, que suena a intimidación o quizá advertencia.
¿La pregunta puede derivar en consecuencias? Por supuesto que sí: que el medio de comunicación cambie al periodista de la fuente; que el medio censure información; que el periodista se autocensure. Lo ideal es que siga preguntando porque es su naturaleza y se lo debe a la población.
Por eso es trascendental que la prensa pueda ejercer su trabajo con libertad. Ese derecho que debe ejercerse sin amedrentamiento ni amenaza de los poderes políticos, económicos y corporativos, de quienes detentan el poder y tienen los instrumentos para ejercer presión de diversa índole.
El 3 de mayo se conmemoró el Día de la Libertad de Prensa, que se constituye en un elemento del derecho más amplio a la libertad de expresión, que juega un papel esencial porque agenda en el debate público temas de relevancia para la democracia.
Libertad que el Gobierno confunde con “libertinaje”, aludiendo a un supuesto uso abusivo de los medios de comunicación en los contenidos de los mensajes. El propio presidente Evo Morales cree que “mienten”, “insultan” y “difaman” porque no reciben publicidad; cosa alejada de la verdad.
Aunque la publicidad sí puede constituirse en un factor de presión hacia los medios de comunicación, no debería influir en la línea editorial. En 2013, Morales dijo que solo quedaba el 10% o 20% de medios opositores, en una clara aspiración por el control total de los medios.
El Ministerio de Comunicación, en respuesta a una petición de informe escrito del diputado Wilson Santamaría, reveló que en una “campaña” sobre el Código del Sistema Penal destinó Bs 5,2 millones y pauteó publicidad en medios televisivos que no son precisamente “críticos” al Gobierno, con la finalidad de amplificar su “verdad” y denostar a un sector que protestaba.
Estos datos confirman que el Gobierno distribuye los recursos del Estado —que somos todos los bolivianos— en publicidad a los medios de comunicación, sin que primen criterios técnicos de ranking de canales más vistos, radios con mayor audiencia o impresos con mayor incidencia.
Este escenario se convierte es un obstáculo para el ejercicio de los derechos civiles y de comunicación social, señalados en la Constitución Política del Estado, y del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, reivindicados por la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su declaración de principios sobre la libertad de expresión señala que ésta es un “derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”. Por eso su defensa no es una opción, sino una obligación.
