En un ambiente político tenso y una ola de anuncios de golpe de Estado contra el gobierno progresista del general Juan José Torres, la Asamblea Popular (AP), el 22 de junio de 1971, inauguró sus deliberaciones que buscaban organizar el “socialismo”. Esa determinación fue combatida por los organismos de inteligencia vinculados con el régimen de Estados Unidos, que incluso anunciaron una “intervención militar” brasileña en el país.
Mediante un titular en primera plana (“Conspiran desde el exterior contra Bolivia. Bthelem en Brasil dice que en Bolivia se instaló el ‘primer soviet del Continente’”), el periódico “El Diario”, el 21 de junio, denunció que el complot contaba con un “sincronizado plan movido desde el exterior”.
Frente a ese peligro, la primera sesión de la AP aprobó la “Resolución N° 1”: Ante el golpe, la AP “asumirá la dirección política y militar de las masas en combate (…) la primera respuesta será la huelga general y la ocupación de los lugares de trabajo”.
Contexto. A 47 años de su aparición, muchos solo recuerdan la fecha de su fundación, el 1 de mayo de 1971. Empero, muy pocos conocen lo que trabajó en sus primeras 10 jornadas.
La Asamblea —que sesionó con 221 delegados en el Palacio Legislativo— hizo estremecer el sistema político del país, penetrado por el imperio. La “Tesis Socialista” aprobada en el IV Congreso de la Central Obrera Boliviana, en mayo de 1970, se constituyó en su documento rector.
Su actividad —que fue transmitida por una “cadena radial” y seguida por periódicos nacionales e internacionales— alarmó al imperio, que determinó su eliminación. Ese hecho se cumplió con el golpe civil-militar del 21 de agosto de 1971, que concluyó con cerca de 200 muertos, 65 desaparecidos y más de mil heridos a bala, según la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia.
La AP surgió en una coyuntura especial. La Guerra Fría (1945-1991) estaba en su apogeo. La Revolución cubana (1959) se había consolidado. El general Juan Velasco Alvarado ejecutaba medidas antiimperialistas en Perú (1968-1975), Salvador Allende luchaba por llevar a Chile al socialismo (1970-1973).
Poder. En su apertura, la Asamblea aprobó el “Reglamento de Debates”, sus “Bases de Constitución” y resolvió liberar al país y “controlar” las medidas del gobierno.
En emotiva sesión, el 23 de junio, rindió homenaje póstumo a los caídos en la masacre de San Juan (1967). Mediante resolución, exigió al gobierno juicio contra los militares implicados y declaró “mártires de la revolución” a Rosendo García, César Lora, Federico Escóbar, Isaac Camacho, Julio Aguilar, Ernesto Che Guevara y otros.
Al día siguiente, Juan Lechín y el fabril Humberto Pabón fueron elegidos Presidente y primer Vicepresidente del Presídium. La elección de Lechín, acusado de “reformista”, fue combatida.
El “parlamento obrero”, el 25 de junio, mostró su poder. El anuncio de paro de los empleados del Banco Minero —contra la “integración” de la minería aprobada en la Asamblea— fue revertido. La presión argumentativa obrera fue tal que los dirigentes bancarios quedaron arrinconados.
El 26 de junio, luego de una discusión ideológica con el sector campesino y una fracción del Partido Comunista pekinés, que pretendió hacer aprobar una resolución a favor del “foquismo”, los delegados mineros y fabriles subrayaron a los partidos políticos que el “proletariado era la vanguardia de la revolución” y que, por tanto, los partidos debían “seguir” los postulados de la Tesis Socialista. Luego de un obligado receso de 24 horas, el 28 de junio, la plenaria eligió a las “Comisiones de estudio” de la AP, que debían examinar los problemas estructurales del país.
Milicias. El 29 y 30 de junio, los mineros analizaron la co-participación obrera en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). La propuesta desató una polémica en torno al “poder dual” en el manejo del excedente.
Frente a la “crisis” de la Universidad, los obreros y estudiantes plantearon la creación de un “sistema único” y la cancelación de la autonomía universitaria con respecto a la AP. El 1 de julio, decretó la co-participación obrera “mayoritaria” en la administración de Comibol y resolvió que “El Diario” sea “cooperativizado por sus trabajadores, bajo la dirección política de la AP”.
En su última sesión, el 2 de julio, aprobó “luchar por la expulsión de la Misión Militar norteamericana, la CIA y el FBI”, pues varios delegados reconocieron que aún no se contaba con la “fuerza” para hacer cumplir la medida. Ese mismo criterio primó para dejar en el análisis la constitución de “milicias armadas” y la creación de “tribunas populares”, frente a la inoperancia del poder castrense y judicial.
Su trascendencia internacional fue tal que, al finalizar sus sesiones, el presidente Salvador Allende planteó en Chile el “reemplazo, mediante plebiscito, del Congreso por una Asamblea Popular”.
