Existen valores, normas, usos y costumbres, digamos una conciencia social que aparentemente es transversal al tiempo, espacio y condición social; por ejemplo, racionalmente nadie puede plantearse autojustificaciones como: “roba pero hace”, “siempre hubo corrupción”, “la coima es una institución”, “hecha la ley, hecha la trampa”, “el fin justifica los medios”, etc. Al contrario, la lógica justa indica que: “el mal de muchos es consuelo de tontos”, “comete delito el que da como el que recibe”, “el que roba 10 puede robar 1.000.000”, “la justicia tarda pero llega”, etc.
Esta percepción es verdadera, por que el pueblo en su conjunto no se equivoca, sin embargo, el común de la gente no esta obligada a contextualizar y ordenar los fenómenos de corrupción, como lo están los abogados, cientistas sociales, analistas políticos y comunicadores sociales. Éstos deben tener en cuenta que la moral, ética y la corrupción corresponden a cada sociedad determinada, así mismo, que tienen particularidades según se refieran a las distintas creencias religiosas, clases sociales, identidades étnicas y posición política.
La corrupción pública, para las ciencias sociales en general y las ciencias políticas en particular es el “fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa” (Bobbio); teniendo en cuenta, no obstante, que estos estándares normativos son el resultado de una correlación de fuerzas sociales en un momento y sociedad determinada, ya que “no son las Constituciones las que crean a los pueblos, sino que los pueblos crean las Constituciones” (Marx).
“Corrupción política es el comportamiento ilegal de aquel que ocupa una función en la estructura estatal, es decir, el uso de una recompensa para cambiar a su propio favor el juicio de un funcionario público (cohecho), la concesión de empleos o contratos públicos sobre las relaciones de parentesco (nepotismo) y la asignación de fondos públicos para uso privado (peculado)” (Bobbio); sin embargo, precisamente porque las leyes y decretos son creados según una correlación de fuerzas sociales en coyunturas concretas, la corrupción política se plasma con mayor repercusión en la promulgación de leyes, decretos y reglamentaciones contrarias a la justicia social, la preservación de los recursos naturales, la reservas económicas estatales y la soberanía de un país. En términos legales, las corrupciones políticas serían graves o gravísimas de acuerdo al daño social, económico y político que produzcan sobre el presente y el futuro del país.
Está claro que cambiar el dictamen de un juez o fiscal a favor de un funcionario público a cambio de recompensas presentes, futuras o devolución de favores (cohecho), el hecho de otorgar empleos y contratos públicos en base a relaciones de parentesco y no competencia y méritos (nepotismo) y, más frecuente y grave, la asignación de fondos públicos para uso privado o de grupos y partidos políticos (peculado), que están legislados y reglamentados, deben ser procesados efectiva, oportuna e igualitariamente, independientemente de que se trate del oficialismo o de la oposición, de izquierda, derecha o centro. Aquí cabe la máxima de Franz Tamayo: “la única servidumbre digna es a la ley”.
Con estos antecedentes, podemos referirnos con propiedad a la corrupción política más grave: la que elabora, promulga y ejecuta decretos, leyes y reglamentos contrarios a la soberanía del país, a la propiedad de bienes del Estado, a la tenencia y uso de recursos naturales renovables y no renovables del país, a la destrucción del mercado interior (que es también un patrimonio nacional), al desconocimiento de los derechos laborales conquistados por la luchas sociales, y al uso de recursos del Estado con fines particulares o partidarios.
Estamos frente a una corrupción política premeditada y planificada como respaldo legal para delinquir contra el Estado y la sociedad. Lo primero que se viene a la mente son las Leyes de Capitalización, que entregaron los recursos estratégicos, comunicacionales y de transporte del país a las empresas transnacionales y la de Privatización, que literalmente regala propiedades del Estado a privados.
Este proceso antinacional fue posible por el expediente prebendal de pagos extra sueldos (plus) a las principales autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y a los mandos del Ejército y la Policía, y los Gastos Reservados, cuyo consumo final es otra vez privado. Empero, la corrupción política más sutil y peligrosa se da en la cooptación de la clase media profesional-intelectual que comienza a justificar el saqueo del país y el achicamiento del Estado a cambio de un empleo en la burocracia del Gobierno y la proliferación de organizaciones no gubernamentales y fundaciones.
