Ha quedado atrás el tiempo en que los fiscales eran elegidos a dedo, gobernaban una década y eran seleccionados con el aval de la Embajada de Estados Unidos.
En el neoliberalismo, toda elección de las autoridades judiciales estaba marcada por el “cuoteo” de los partidos de derecha y debía tener el visto bueno de la Embajada americana, además de ser servil a los intereses extranjeros.
Ha quedado en la memoria del pueblo la irresponsabilidad de la derecha para elegir sus autoridades, existiendo un juicio de responsabilidades el 2004 contra el fiscal general Óscar Crespo Soliz, quien fue fiscal 10 años y que fue acusado por el Defensor del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia de no haber cumplido con su misión de luchar por la defensa del patrimonio estatal y la vida de los ciudadanos del país, cometiendo hechos delictivos durante el ejercicio de sus funciones. La proposición acusatoria, presentada por los entonces diputados Evo Morales y Gustavo Torrico, inculpaba a Crespo de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, cohecho pasivo propio y nombramientos ilegales. En el proceso, también estuvo involucrada la fiscal de materia Alda Nikita Blanco Reyes, quien actuó junto al capitán Medina en los hechos ilícitos, conformando una amplia red de corrupción para extorsionar y tapar las investigaciones de casos muy polémicos y donde estuvieron en juego millones de dólares, solo como ejemplo de los innumerables actos de corrupción de las antiguas autoridades.
El gobierno de Evo Morales institucionalizó la elección de las autoridades judiciales, y en la nueva Constitución se definen los requisitos y modalidad para la elección de estas autoridades; el numeral 8 del artículo 161 delega a la Asamblea Legislativa Plurinacional esta tarea; definiéndose en el 227 que el o la Fiscal será elegido con dos tercios de voto. La designación requerirá de convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional y méritos, a través de concurso público.
Entonces, es desde la gestión pasada que el Fiscal es elegido constitucionalmente y sin la intromisión de ninguna embajada.
En la presente gestión, el debate se desarrolla a partir de que la derecha opositora propone modificar los requisitos habilitantes que ya están definidos en la Constitución, y propone la creación de un mecanismo externo a la Asamblea compuesto por abogados de universidades públicas y privadas, entre otros, para calificar y evaluar a los postulantes, sin tomar en cuenta el mandato expreso de la Constitución, que otorga esas facultades a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
De aceptar esa propuesta, la Asamblea estaría actuando al margen de la Carta Magna.
El MAS propone en el reglamento que el proceso de convocatoria, preselección y designación para el o la Fiscal debe estar regido por principios enunciativos y no limitativos de ética e integridad personal, publicidad, transparencia, idoneidad, responsabilidad, igualdad, plurinacionalidad, meritocracia, imparcialidad, competencia y equidad de género.
Es la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea, conformada por oficialismo y oposición, que se encarga del proceso previo, pero además encarga al Comité Ejecutivo de las Universidades Bolivianas, CEUB, para que una instancia especializada de las universidades elabore una batería de al menos 120 preguntas para la evaluación escrita, de las que se sortearán 60 para los exámenes; asimismo, se define un código asignado a cada postulante para resguardar su identidad y precautelar la objetividad al momento de la calificación, con medidas de seguridad y transparencia necesarias; es decir que los que califican no podrán saber la identidad de la persona que evalúan, lo que permitirá que no haya favoritismo alguno. La evaluación curricular tendrá un puntaje de 40 puntos, la evaluación escrita, 30, y la entrevista, otros 30.
En su afán de denostar al Gobierno, la oposición, que en otrora elegía a dedo a estas autoridades (involucradas en corrupción y bajo condiciones impuestas por la Embajada americana), hoy no tiene la autoridad moral de cuestionar la transparencia de una elección constitucional. Está claro que éste es un nuevo pretexto para que la oposición intente utilizar esta elección manipulando la verdad, mintiendo a la ciudadanía, buscando que el pueblo pierda memoria de la forma corrupta y convenienciera con que en otrora elegían a las autoridades judiciales y que ha sido el gobierno del MAS que ha devuelto la legalidad e institucionalidad a la elección de estas autoridades.
