Como estaba previsto, luego de su tratamiento en ambas Cámaras, la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), sobre la base del proyecto elaborado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se trata de una norma que, a tono con la Constitución y la nueva normativa electoral, sustituye a las todavía vigentes, pero obsoletas, Ley de Partidos Políticos (1999) y Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas (2004).
El nuevo modelo de Estado, establecido en el marco de la nueva Constitución (2009), adopta para su sistema de gobierno diferentes formas de democracia: directa y participativa, representativa y comunitaria, así como el reconocimiento del pluralismo político, y de derechos individuales y colectivos. La puesta en práctica de este marco democrático requiere de una Ley de Organizaciones Políticas acorde al nuevo contexto institucional y normativo. Un tema crucial para la regulación es el financiamiento público a fin de generar condiciones de mayor igualdad, en especial en procesos electorales.
Financiamiento: una historia corta. El financiamiento estatal a los partidos políticos en Bolivia duró once años: desde 1997, cuando la Ley de Reforma y Complementación del Régimen Electoral 1779 aprobó el financiamiento directo, hasta 2008, cuando con muy escaso debate se lo eliminó mediante la Ley 3925. A fines del siglo pasado, el contexto histórico-político respondía a la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas. Y una de las acciones para el efecto fue financiar a los partidos. El modelo no funcionó.
Desde la eliminación del financiamiento estatal directo, los partidos se financian exclusivamente con recursos privados. Hay una amplia discusión en la región sobre los riesgos de este modelo, además de su debilidad en fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.
El proyecto de Ley de Organizaciones Políticas incorpora una propuesta de financiamiento de tipo mixto, público indirecto y privado, pero no contempla el directo. Es necesario analizar y debatir esto.
Asignación de fondos públicos. Expertos en sistemas de financiamiento político, como Kevin Casas y Daniel Zovatto, sostienen que a cada contexto político-social le debe corresponder un modelo de financiamiento que responda a sus necesidades. Así, debemos preguntarnos cuál es el horizonte de financiamiento a las organizaciones políticas en el modelo de Estado Plurinacional, que implica el reconocimiento del pluralismo y la diversidad étnico-cultural.
Las reglas de funcionamiento de la política se fundan en el pluralismo político, lo cual se expresa en la existencia de diferentes tipos de organizaciones de representación: partidos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Los sistemas políticos modernos que buscan el funcionamiento fortalecido y óptimo de su sistema de partidos, necesitan una asignación de fondos públicos, debido a que la competencia electoral demanda gastos para construir una competencia sostenible y equitativa entre partidos, así como una liquidez financiera suficiente que permita su permanencia más allá del juego electoral, presencia en todo el territorio y vigencia para constituirse en organizaciones políticamente relevantes.
Un modelo vía fondos compensatorios. Planteo una propuesta alternativa de financiamiento de tipo mixto: público directo e indirecto y privado. La subvención pública directa enmarcada en el concepto desarrollado por el politólogo alemán Karl-Heinz Nassmacher, de “matching funds” o “fondos pares o compensatorios”, por cuanto los gastos son reembolsables en directa proporción a los esfuerzos de los partidos por obtener ingresos propios que provengan en su mayoría de aportes menores de militantes y simpatizantes.
El destino obligatorio de esta subvención es para actividades partidistas en capacitación para la función pública, investigación, formación de nuevos líderes; además de gastos operativos de permanencia. La implementación de este modelo permite la construcción gradual de una ética política al alentar de manera sostenida prácticas de transparencia a partir de la rendición pública de cuentas como condición previa y obligatoria para la elegibilidad del otorgamiento de fondos. Permite también contribuir a la consolidación de la institucionalidad de los partidos políticos y, en ese marco, al fortalecimiento de la democracia.
Si los ciudadanos (militantes o simpatizantes) deciden contribuir con su dinero propio a los partidos, debe existir un vínculo del aporte de las bases a la política del partido; y al existir este vínculo, se promueve un proceso efectivo y real de participación política (Nassmacher).
Para explicar los fundamentos de esta propuesta recurro a la metodología de la triada preferencia, estrategia y resultado esperado. Ello presupone asumir algunos condicionamientos mínimos, como la declaración formal de los ingresos del partido, rendición de cuentas y demostración fehaciente del uso de los fondos en actividades autorizadas.
Recursos: necesidad democrática. El financiamiento público permite conocer el origen del dinero que financia la actividad de los partidos. Este condicionamiento es uno de los ejes más importantes para desarrollar una cultura de transparencia en el manejo de fondos.
No hay soluciones ni modelos perfectos de financiamiento político, sino soluciones posibles en constante revisión de acuerdo con las coyunturas políticas. Lo indudable es que las democracias requieren un soporte financiero para operar. Y si el mismo alienta la construcción de una cultura de ética política y transparencia, habrá sentado las bases de vínculos vigorosos entre los partidos políticos y la sociedad civil.
