Desde que el homo sapiens tuvo conciencia de la realidad que percibía, la búsqueda de la verdad es un noble empeño de la humanidad. Sorprendido por lo que veía, el hombre supo con cierto desconsuelo que lo bueno para unos, para otros no lo es. No en vano se afirma que la realidad se ve según el cristal con el que se la observa.
Gracias a esta divergencia entre los seres humanos, no existe verdad inconmovible, sino más bien escurridiza y nunca definitiva.
Sobre esta base, ¿cómo pretenden nuestros gobernantes diseñar, elaborar e implementar una “ley de la mentira” para autoridades y medios?
Veamos. Una posible explicación podría sostenerse en tres argumentaciones y una aclaración:
Aclaro que no soy autoridad y no haré mi análisis desde esta perspectiva. Tomaré en cambio una aproximación periodística.
Primera argumentación. Los medios no son una entelequia, sino que se definen por los periodistas que allí prestan sus servicios, y que los productos acabados del trabajo periodístico corresponden a los géneros informativo y opinativo. Entonces, mejor conviene hablar de una ley de la mentira para periodistas que informan y opinan.
Así, surge una interrogante: ¿de dónde viene este apetito gubernamental por la verdad reflejada en las informaciones y opiniones?
Proviene de un error monumental en la redacción del artículo 107 de la Carta Magna, que manda a las informaciones y opiniones cumplir con el requisito de veracidad. Observemos: en términos simples, mentira es el antónimo de verdad, como mentiroso es lo opuesto de veraz.
Cientos de páginas se han dedicado a explicar que la información periodística no puede ser veraz y que en todo caso es verosímil, es decir, que parece verdadera o que es creíble. Esto se explica mejor desde la subjetividad inherente a todo ser humano; según ésta, el periodista captura una parcela de realidad y la elabora en forma de noticia, procesándola desde su propia interpretación. Es por esto que un tema como el aborto, por ejemplo, no es tratado de la misma manera por una periodista mujer que por otro varón.
En el mismo sentido, las opiniones no pueden ser veraces, son juicios de valor que no admiten criterio de verdad o falsedad.
Ahora que el Presidente está en afanes de cambiar la Constitución, sería bueno que tome en cuenta este detalle.
Segunda argumentación. Si se promulgara una ley de la mentira para periodistas que informan y opinan, ¿quién está en condiciones morales e intelectuales para determinar qué es falso y qué es verdadero?
Para contestar esta pregunta, se debe comenzar por decir que no hay cosa más desagradable para los gobernantes que leer, escuchar y ver sus malos actos de gobierno y hechos de corrupción. Para ellos, la prensa debería funcionar como una caja de resonancia que amplifique los vítores y alabanzas de los acólitos del oficialismo.
Así, se asoma la respuesta: no es tan importante quién haga cumplir la norma, en tanto tenga bien claro que disentir y criticar son mentiras y que por ello los mentirosos deben pagar por su delito.
Por supuesto, cabe comentar que los periodistas no pintamos de negro la cara de las ovejas, ni fuimos enamorados de Zapata y tampoco nos dejaron dormir en la bóveda del Banco Unión.
Tercera argumentación. Se ha dicho desde el Gobierno que los periodistas somos mentirosos compulsivos y que gracias a la tergiversación realizada en relación al caso Morales-Zapata, la ciudadanía votó mayoritariamente en contra de la repostulación del binomio Evo-Álvaro.
Desde ya, tal acusación muestra la dimensión del delito y del delincuente: el periodista es un ser vil que erosiona los bien merecidos logros de la actual administración del Estado. Sin embargo, este supuesto es tan fútil como afirmar que un divorcio se debe al último viernes de soltero de un individuo.
En la política y en la cotidianidad, las consecuencias son siempre la acumulación de los antecedentes. De tal forma que para visualizar el resultado del 21F, habría que contabilizar desde las tropelías de Santos Ramírez, pasar por el Fondioc, y llegar a las fotografías de una mujer semidesnuda que dijo ser abogada.
Luego, si la cobertura periodística del culebrón presidencial tuvo algún efecto, fue sin duda marginal y de ninguna forma definitivo en la decisión del soberano.
Finalmente, deambular con una ley de la mentira entre mentiras y mentirosos puede resultar más contraproducente para los gobernantes que para los periodistas; no nos olvidemos que los primeros son siempre fuentes y los segundos las reproducen. Sin libertad de expresión, no hay democracia.
