A mediados de agosto, autoridades nacionales de salud, activistas y representantes de organizaciones que buscan reducir la incidencia del VIH/sida en el país se reunieron en un taller para abordar esta problemática.
Durante el evento, los participantes coincidieron en que de las seis metas planteadas hace cinco años para contrarrestar el avance de esta enfermedad, en el marco del Plan Estratégico Multisectorial 2013-2018, solamente se cumplieron dos: la reducción de la transmisión vertical (cuando la madre le pasa el virus a sus hijos durante el embarazo) y una menor prevalencia de este mal en trabajadoras sexuales. Mientras que las metas que no se habrían concretado serían la mejora del diagnóstico (incrementar el interés de las personas para conocer su situación); la reducción de la prevalencia de contagios en la población joven, por un lado, y en miembros del colectivo LGBT, por otro; y una menor incidencia de nuevos portadores.
A estos factores habría que añadir que, según estimaciones del Programa de Naciones Unidas para la Lucha contra el Sida (ONUSIDA), en Bolivia solamente el 35% de la población infectada con VIH tiene acceso a retrovirales; el porcentaje más bajo de Sudamérica junto con Paraguay, bastante alejado respecto a otras naciones como Brasil, México o Perú, en los cuales el 60% recibe tratamiento. Hablamos de una cobertura en extremo reducida que urge incrementar, por cuanto no solo condena a la muerte a cientos de personas infectadas con VIH-sida, sino que además impide contrarrestar el avance de esta peligrosa enfermedad.
