Dolorosas y múltiples denuncias de negligencia y/o mala praxis médica abundan en el país. Según el Comité de Lucha Contra la Negligencia Médica, anualmente se reciben 250 casos, de los cuales solo 30 están siendo investigados. Su presidente, Víctor Hugo Llanos, informó que en 25 años hubo cerca de 5.000 casos identificados y solo tres encontraron justicia, sin contar los que no llegan a ser denunciados. La Defensoría del Pueblo recibió 15 denuncias en siete meses, y el Comité de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados recibe con frecuencia este tipo de denuncias.
Los medios están llenos de información: una madre denuncia que su hija de 12 años fue internada en el hospital de Yacuiba para ser intervenida por apendicitis y terminó con muerte cerebral. “Qué medicamento le han puesto a mi hija para dejarle en ese estado”, reclamó ella, que es beneficiaria de la Caja Nacional de Salud.
Un padre ante el Comité de DDHH de Diputados denuncia al ginecólogo obstetra Costa, por su niño que quedó con parálisis cerebral a consecuencia de una asfixia sufrida en su nacimiento: con siete años no camina, no habla, no controla esfínteres, tiene un futuro incierto y desalentador de total dependencia, situación originada por la negligencia, impericia, inobservancia del ginecólogo a cargo de su nacimiento, quien no quiso realizar una cesárea temprana y prefirió hiperestimular el útero con drogas, sin cumplir con protocolos, cuando el bebé ni siquiera había descendido prefirió utilizar fórceps, para finalmente recurrir a una cesárea tardía de emergencia, pero el daño neurológico era irreversible.
La inesperada muerte de la embajadora de El Salvador, Maddeline Brizuela, cuya oficina informa de la negativa de atención en siete clínicas de La Paz, falleciendo a causa de un derrame cerebral. “Lastimosamente, al inicio de su crisis sufrimos con varias situaciones de negligencia médica por parte del equipo del personal de varias clínicas y hospitales, que en su momento no pudieron atenderla y no nos quisieron abrir las puertas.”
Paul Burton Salvatierra, jugador de Oriente Petrolero, ingresó a la clínica para someterse a una cirugía de hernia de disco, una operación relativamente sencilla; días después, el jugador falleció por una hemorragia interna, posiblemente causada por la perforación de una arteria, que lo llevó a una muerte cerebral. Jimmy Oropeza lleva casi dos años buscando justicia para su hijo, de 14, que murió en el oncológico, no por la obstrucción en la médula espinal que lo aquejaba, sino por una bacteria intrahospitalaria, según la denuncia.
El último caso que conmocionó fue la del niño Sebastián, a quien le detectaron cáncer en un riñón y entró al quirófano para que le extirpen el órgano en mal estado, pero el médico “se equivocó” y le extrajo el sano. Ahora está en terapia intensiva, dependiendo de una máquina de diálisis, y sus familiares buscan desesperadamente a un donante, en caso de ser posible que reciba un trasplante.
Ante esta situación de flagrante vulneración de derechos humanos y un artículo insuficiente en el actual Código Penal para sancionar estos casos, la Asamblea Legislativa promulgó un nuevo Código Penal, trabajado a profundidad y que en consenso con el Colegio Médico aprobó el artículo 205 y otros, que preveían el resguardo de la población, como del sector médico, buscando un equilibrio entre el derecho de los galenos y de los pacientes. Pero una campaña de la derecha terminó abrogando irresponsablemente el Código que apuntaba a transformar la justicia y sancionar la mala praxis y negligencia médica, sin importarles que centenas de familias viven el tormento de la irresponsabilidad de algunos malos médicos y transforman su vida para siempre, y lo peor es que estos casos continuarán siendo numerosos en tanto no se ponga un alto a estas malas prácticas.
El presidente Evo Morales ha anunciado el Seguro Médico
Universal, priorizando un presupuesto que garantice la atención para todos y todas, pero simultáneamente será necesario que se retomen las propuestas proteccionistas de los derechos humanos en salud en un nuevo código penal y una ley de salud. Será necesario que la Cumbre de Salud, a realizarse en los próximos días, determine lineamientos al respecto. Urge la aprobación de normas que retomen la protección de las víctimas de negligencia y mala praxis médica, este es un tema que no debe politizarse. Bolivia debe estar a la altura de los avances que otros países lograron al respecto; esperemos que la oportunista derecha falta de propuestas al respecto deje de torpedear los avances en derechos humanos que pretende realizar el Gobierno en el país.
