Ciertamente la campaña para la elección general de octubre de 2019 se adelantó, o tal vez siempre estuvo presente, lo concreto es que en la actual coyuntura existen tres fuerzas políticas en disputa: primero, está el MAS con sus aliados fundamentales de la COB, las Fuerzas Armadas, la Policía, particularmente los cocaleros del Chapare, los campesinos, los cooperativistas mineros y los empleados y trabajadores del Gobierno y de las empresas estatales. En segundo lugar, figuran los partidos y asociaciones ciudadanas políticas de oposición que tienen presencia parlamentaria y en instancias de la representación subnacional.
Finalmente, se han conformado plataformas de defensa del 21F, con base en sectores de la clase media profesional, académica y estudiantil que influencian en su entorno pero también sobre otras fracciones de la clase media ligadas a la esfera de la circulación y algunos de los comités cívicos departamentales.
El MAS, que es vanguardia del proceso de cambio iniciado hace más de 12 años, con una legitimidad que en elecciones generales transcurre de 54% en 2005 a 64% en 2009 y 61% en 2014, “con una diferencia de 25, 38 y 37 puntos respecto a su principal contendiente, es decir que hubo competencia pero ninguna tienda política opositora tuvo la capacidad para disputar su primacía electoral. (Sin embargo, pronto se vive un quiebre el 21 de febrero de 2016, que aunque se trate de un referéndum y no de una elección general, convocó a la ciudadanía de todo el territorio nacional en torno a la modificación del artículo 168 de la CPE).
El resultado consolidado fue de 51,3% para el No y 48,7% para el Sí sobre la suma de los votos válidos” (Urnas y democracia directa, de Fernando Mayorga y Benjamín Rodríguez, 2016).
Está claro que este evento planificado y ejecutado desde el núcleo del poder central fue un error. El precio de las materias primas se hallaba en franca caída, los procesos revolucionarios de Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina se encontraban en crisis e internamente la tercera agenda política y económica del MAS recién comenzaba a ejecutarse. Lo menos que se puede decir es que el referéndum fue llevado a cabo en el momento equivocado. De cualquier forma, este error condujo a unificar por primera vez a toda la oposición dispersa, a disidentes del propio MAS y disminuir el porcentaje de votantes por nulo y blanco, que acrecentaron las cifras por el No.
Respecto a los partidos y asociaciones ciudadanas políticas de oposición, el comportamiento en las elecciones generales fue cambiante, en efecto. El principal contendiente al MAS pasa de 29% en 2005 (Podemos) a 26% en 2009 (Convergencia Nacional) y a 24% en 2014 (Unidad Demócrata). En cambio, en las elecciones subnacionales la ruta de la oposición tiene mayor relevancia; así, en la elección de prefectos de 2005 obtiene el 33% de los votos validos; en las elecciones subnacionales de 2010 se eleva a 50% y, en las elecciones subnacionales de 2015 alcanza 42%. (Mayorga y Rodríguez)
La crisis general del sistema de partidos políticos, producto de la conclusión del ciclo neoliberal y de la democracia pactada, marca la débil actuación de la oposición por más de una década, con algún repunte refuncionalizado a nivel subnacional; como se establece en las cifras anteriores, el fenómeno no es debido a la falta de programa que arguye el MAS, sino a que el programa neoliberal no halla oportunidad histórica de ser planteado abiertamente como hasta ahora.
Paradójicamente, el referéndum de febrero de 2016 proporciona a la oposición partidaria su refuncionalización en asociaciones ciudadanas, el que pueda establecer un discurso que transforma la democracia como un medio en un fin en sí mismo; es decir, la oposición ya no necesita presentar su programa neoliberal, simplemente se aferra a una defensa abstracta de la democracia formal.
Las plataformas ciudadanas en defensa del 21F surgen para llenar un vacío político que no podía ser cubierto por los partidos y asociaciones de la oposición, que no renovaron sus liderazgos y cargan un pasado signado por el saqueo de los recursos naturales y la corrupción. Este movimiento más viral que real, con protestas en actos públicos, logra captar la participación de sectores de la clase media profesional y política mimetizada; sin embargo, tienen por única consigna: “respetar el voto ciudadano”, la imposibilidad de institucionalizarse y jugar el rol político de la toma del poder.
La sancionada Ley de Organizaciones Políticas, independientemente del objetivo de legitimar la repostulación del binomio Evo-Álvaro, obliga aceleradamente a consolidar los dos frentes reales que irán a la contienda de las elecciones generales de octubre de 2019. La oposición, que hasta antes prefirió perder separada que perder junta, ahora cree que solo junta puede ganar; por lo demás, piensa que no tendrá otra oportunidad. Si esto es cierto, los integrantes de la vieja democracia pactada refuncionalizados en otras organizaciones políticas, la clase media profesional disminuida en su poder de decisión en el proceso de cambio y una mayoría de los que ahora integran las plataformas ciudadanas del 21F conformarán una alianza cumpliendo todo el protocolo establecido en la Ley, sin preocuparse mucho del programa, ya que éste está establecido de antemano por los organismos internaciones de economía y finanzas.
Por su parte, el MAS está obligado a profundizar el proceso de cambio por la vía del desarrollo productivo rural, la industrialización de materias primas, desarrollo de la pequeña y mediana industria, la comunicación carretera y ferroviaria y la energía hidroeléctrica, desde el lado de la economía; y desde el lado social, implementar el seguro universal y de salud y la preparación profesional científica, técnica, económica y social pública de la más alta calificación y compromiso nacional. Tácticas esta vez sujetas a la máxima del Mariscal Andrés de Santa Cruz: “Ser antes que parecer”.
