Cuán comprometidos están los gobiernos del mundo con la reducción de la desigualdad? Hace unos días, Oxfam y Development Finance International (DFI) publicaron la segunda versión del “Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad”. Bolivia ocupa el puesto 54 entre los 157 países incluidos en el estudio, y el sexto lugar en América Latina. La publicación concluye que todos los países, incluso aquellos bien posicionados en el ranking, pueden esforzarse aún más para traducir el discurso y la intención de reducir la desigualdad en una realidad.
El Índice propone una forma de hacer seguimiento a la orientación de las políticas públicas en tres campos: la suficiencia y progresividad de las recaudaciones tributarias, la sostenibilidad y progresividad del gasto social, y la orientación más o menos favorable al cumplimiento de los derechos laborales, en especial aquellos que promueven la equidad de género. Los datos revelan que la acción estatal puede ir muchas veces en dirección opuesta, y que siempre existe una amenaza latente de que la redistribución se reduzca a un juego de suma cero, donde lo ganado por un lado se pierda por el otro.
La posición de Bolivia en el ranking no sorprende. Los resultados confirman conclusiones de informes recientes de CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y el Banco Mundial, que destacaron el liderazgo del país en la región en la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos en los últimos 10 años. Entre 2006 y 2017, la incidencia de pobreza total se redujo de 60% a 37%; y la pobreza extrema, de 38% a 17%. Sin embargo, los resultados para cada país no interesan en cuanto a su posición en el mundo, sino en relación al significado que esta herramienta procura recoger. Así, más allá de la posición relativamente “buena” en la que Índice ubica al país, el mayor aporte de este esfuerzo de investigación consiste en la síntesis de las múltiples posibilidades que tiene un Estado para contribuir, a través de sus políticas, a una causa: mantener un camino sostenido en la reducción de las desigualdades.
Veamos. El Índice involucra varios indicadores que no siempre son monitoreados por los tomadores de decisión, y menos aún de una manera integral o relacional. En sí mismos los indicadores son ya una propuesta que podría ser incorporada en el seguimiento de las metas sociales, pues no solo mediríamos cómo vamos en relación a dónde queremos llegar: por ejemplo cero pobreza hasta 2025; sino también cómo vamos construyendo el camino para alcanzar ese horizonte: más recursos para la población más pobre, recursos suficientes para un piso mínimo de protección social, mayor atención a la calidad de la educación; nuevos recursos para el anunciado Seguro Universal de Salud; más recaudación de quienes más utilidades o ingresos generan; nuevos programas y políticas para cerrar las brechas de género.
A la luz de esta manera complementaria de seguir las metas sociales, ¿dónde poner los mayores esfuerzos hoy en Bolivia y por qué hacerlo? Me referiré únicamente a la dimensión del gasto social, pues considero que las posibilidades de políticas innovadoras en este campo no son menores.
Al respecto, una publicación reciente de UDAPE (Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales) analiza la tendencia del gasto social y su descomposición entre las principales funciones, aunque con un significativo rezago en la información, pues reporta cifras hasta 2014. El estudio destaca a la educación como la función priorizada en cuanto a recursos asignados, en comparación con la salud y la protección social. Pero, el análisis no se detiene ahí, sino que profundiza en la asignación de recursos destinados a los niños, niñas y adolescentes. Entre las conclusiones que se desprenden de ese estudio, se puede mencionar lo siguiente: Bolivia alcanzó a movilizar recursos para la política social como nunca en la historia, estos recursos provenientes del financiamiento interno fueron posibles gracias a una mayor disponibilidad de fondos provenientes no solo de la recaudación tributaria sino del gas; la mayor parte de los recursos se destina a la población dependiente. Es precisamente este tipo de aproximación al seguimiento de las políticas públicas el que sugiere el Índice.
Ahora bien, ¿qué pasaría si el Estado decidiera modificar la asignación presupuestaria al gasto social en función de una nueva causa social? Por ejemplo, ¿asignar recursos a una política pública orientada a contribuir a la corresponsabilidad social y pública del cuidado de la población establecida en el artículo 338 de la Constitución? Es muy probable que una nueva categoría de gasto orientada a un ámbito históricamente relegado en las políticas públicas tenga mayores efectos reductores de la desigualdad, pues nos obligaría a implementar articulaciones virtuosas entre la protección social y el empleo, entre sistemas contributivos y no contributivos, e incluso a repensar el sistema de protección social existente.
La lucha contra la desigualdad es un proceso que no se agota. En este camino, el Índice, con sus múltiples descomposiciones posibles, plantea una alternativa para el monitoreo de la orientación de las políticas públicas hacia el cambio deseado.
