El nuevo fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, que jurará al cargo este martes 23, lanzó en una entrevista con La Razón (publicada el 11 de octubre) una suerte de anuncio-advertencia: el cambio de los nueve fiscales departamentales: “ninguno de éstos es institucionalizado, por lo que no pueden solicitar permanecer en el cargo”. Según la futura autoridad, la mencionada remoción de fiscales de departamento se justifica en la medida en que se aplicará un “nuevo modelo de gestión fiscal”; por esto dice: “Vamos a buscar personas que estén acordes a este nuevo modelo de gestión fiscal, que conozcan y tengan el objetivo nuestro y la mente clara sobre los cambios que amerita la institución”.
Es curioso que el fiscal general saliente Ramiro Guerrero en gran parte de los seis años que estuvo al frente de la entidad aplicó también un “nuevo modelo de gestión fiscal del Ministerio Público” (ver su rendición de cuentas 2017 en el sitio web oficial de la Fiscalía).
En todo caso, ante el anuncio de los cambios que hará el nuevo fiscal Lanchipa, dos abogados y un ministro recuerdan que el sugerido proceso de institucionalización del Ministerio Público debe empezar por aplicar el inciso II del artículo 33 de la Ley 260 Ley Orgánica del Ministerio Público, que a la letra dice: “Las o los fiscales departamentales serán designadas o designados por la o el Fiscal General del Estado, previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público”: por tanto, el anunciado cambio de fiscales departamentales debe pasar por “convocatoria pública” y “concurso público”.
DESIGNACIÓN.
Hasta agosto de este año, el fiscal Guerrero siguió designando directamente a los fiscales departamentales, una de las últimas fue Maggi Corrillo Romero, fiscal departamental de Tarija. Y es que ciertamente la propia Ley 260 le permite dichos nombramientos directos: su disposición transitoria tercera señala que “hasta que se establezca la organización del escalafón y la carrera fiscal, por única vez, el procedimiento para la designación de las y los fiscales departamentales estará a cargo de la o el Fiscal General del Estado”.
“Designar interinamente a los fiscales departamentales fue una atribución del fiscal general Ramiro Guerrero porque estábamos en un periodo de transición en el país, y estaba permitido por una disposición transitoria de la Ley 260; pero eso ya no está vigente; esa excepcionalidad para ingresar al Ministerio Público no puede ser ejercida por el nuevo fiscal; continuar por el camino de los fiscales transitorios e interinos es seguir con la corrupción y con fiscales que están pensando más en qué van a hacer cuando los despidan, que en servir a la gente”, advierte el abogado Iván Lima.
Al respecto, Guerrero si bien reconoce que la referida designación departamental siguió siendo directa, considera que esto no resta la labor de consolidación de la institución desde otros ángulos.
“Lo que se ha hecho estos años es sentar todas las bases para una institucionalización, reglamentos, una serie de normas (internas). Ahora seguramente el nuevo Fiscal General evaluará y verá tanto en el marco legal como en la institucionalización las decisiones que vaya a tomar”.
Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, la institucionalización de la Fiscalía es urgente en la medida en que ésta no puede funcionar como un ente donde el “personal de confianza” sustituya al cargo con base en la meritocracia.
“La institucionalidad con base en la experiencia profesional y los méritos acumulados es un trabajo especializado, con mucho componente académico, no puede ser improvisado, no puede estar librado a la designación de amigos, de personas de confianza”, apunta la autoridad.
Un problema que de vez en vez sale a flote es la suerte de rivalidad, paralelismo o recelo que suele presentarse entre los fiscales y los policías; y esto llega a las propias instituciones: con el mismo fin de documentar la investigación, hoy existen tanto el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), dependiente de la Fiscalía, como el Instituto de Investigación Técnico Científica de la Universidad Policial (IITCUP).
INCONGRUENCIA.
Al respecto, Lima es categórico al afirmar que hay una coexistencia “solapada” entre ambas instituciones; “son dos instancias de investigación haciendo prácticamente lo mismo. Mi posición es que el IDIF no puede continuar en el Ministerio Público; que la Policía (con el IITCUP) se haga cargo de su rol constitucional, que es la investigación”. Mientras que el rol de la Policía y el Ministerio de Gobierno es la investigación; “la que tiene que acusar y llevar el juicio en los tribunales es la Fiscalía. El IDIF es una invasión a las competencias constitucionales de la Policía; definitivamente, no debe seguir existiendo en la órbita de la Fiscalía; tiene que fusionarse con el IITCUP”.
Para el abogado Rogelio Mayta, que, junto con Pamela Delgadillo Ramírez, reflexionó este y otros temas en su estudio Laberinto.bo. Notas para un diagnóstico de la justicia y algunas propuestas, entre policías y fiscales hay un evidente “conflicto de poder” desde el momento en que la norma pone en la cabeza de la investigación al fiscal y como ciertamente “subordinados” a los policías investigadores, los especialistas, precisamente. El trabajo paralelo del IDIF y el IITCUP en los hechos decayó en un “modelo perverso” de mutua competencia. Un hecho que se debe resolver definiendo claramente funciones y competencias, destaca.
Romero y Guerrero, en cambio, apuestan más bien a la colaboración. El Fiscal General saliente señala que las funciones del IDIF están definidas, “solo es la mezquindad de algunas autoridades, que ven como una competencia al IDIF, no hay nada de eso. Yo siempre he manifestado que mientras haya más institutos de investigación, ésta va a ser más científica.
Por su lado, el Ministro de Gobierno, quien destaca la eficiencia del IITCUP en cuanto a su alcance y la rapidez en sus análisis, reconoce que el IDIF tiene sus potencialidades sin desconocer los méritos de uno y otro. Considera que de acuerdo con la naturaleza de los hechos, se puede elegir cuál es el peritaje más conveniente, y en algunos casos cruzar peritajes. “Depende de una adecuada coordinación entre los fiscales y los investigadores policiales”, dice.
CORTOCIRCUITOS.
Con todo, Romero reconoce la existencia de una serie de “cortocircuitos” en la relación cotidiana de policías y fiscales. “Muchas veces hay un choque de intereses: la Fiscalía siente que la Policía de repente se excede en sus atribuciones en el proceso investigativo; y la Policía varias veces se siente desautorizada porque en muchos casos sus investigaciones no son suficientemente respaldadas y acompañadas por el Ministerio Público”.
Desde la experiencia, aunque también desde el punto de vista de la autoridad policial, el ministro Romero no deja de apuntar un “rosario” de cuestionamientos a la labor fiscal: además de no sustraerse de los grandes problemas de la justicia boliviana, el accionar de la Fiscalía, dice el ministro: “En muchos casos no ha sido transparente, porque algunos de sus miembros han actuado en contravención al mandato de defender a la sociedad y al Estado, y más bien han actuado al amparo de conductas extorsivas, corrupción, dilatando procesos judiciales, distorsionando la aplicación de la ley, calificando hechos sin tener los elementos probatorios suficientes o, inclusive, favoreciendo a que personas que tienen responsabilidad penal sean liberadas. Otro problema grave tiene que ver con el hecho de que la Fiscalía tiene amplia discrecionalidad, no cumple los plazos, no fusiona los pasos procedimentales, no le imprime celeridad a los procesos; a veces, los fiscales ponen énfasis en los juicios que involucran intereses económicos”.
Un problema estructural en que coinciden todos los entrevistados es la excesiva penalización de los conflictos judiciales: que cualquier caso se lo quiera llevar al ámbito penal, pudiendo resolverse en el civil o a través de una conciliación.
Para los fiscales, la excesiva penalización deriva en aumentar su carga laboral, excesivo número de casos que atender. Esta es una de las “causas perfectas” para la corrupción de los fiscales, concluye el abogado Mayta: además de darle el pretexto para no avanzar ciertos casos, apunta el jurista, “le da un margen de absoluta discrecionalidad, el fiscal ve cuál caso avanzar, y cuál demorarlo”.
Al respecto, Guerrero defiende lo hecho hasta ahora: de todos modos se ha bajado la carga laboral, especialmente tratando de resolver las demandas antes de que ingresen a la Fiscalía; que por esto se han instituido los “fiscales analistas” (que tratan precisamente de frenar a los litigantes para que no penalicen su caso).
De aquí que para Mayta, hoy día, en el Ministerio Público, el Fiscal General además de conocer las dificultades del derecho penal (que es el que da mayores problemas), sobre todo necesita ser un gerente. “El Fiscal General debe tener una visión gerencial: reconfigurar al Ministerio Público como instancia prestadora de servicios; remontar el bajo índice de resolución de casos, pues quien frecuenta los estrados judiciales ‘sabe’ que cuando uno entra en un proceso judicial, lo más seguro es que nunca acabe”.
En lo relativo a la mayor o menor autonomía de la Fiscalía con respecto a los intereses externos, especialmente los políticos, los analistas no ven mayor incidencia, por ejemplo, como señala Mayta, en el sentido de comparar la totalidad de casos y los específicamente políticos, llegando a ser éstos una mínima parte. O, como apunta el ministro Romero, que el problema de fondo no es tanto la influencia política en tal o cual fiscal, sino, y en esto coincide con Mayta, en la formación de los denominados consorcios entre fiscales, jueces y abogados; este es el peligro real, sostiene Mayta: que se formen grupos de interés subterráneos, redes, que en los hechos hayan “tomado” el órgano de justicia, “tanto para ejercer poder, como para ‘recaudar’ dinero”.
El Fiscal General saliente reivindica la autonomía del Ministerio Público: “Lo que nosotros hemos hecho en estos años ha sido dotar de identidad y ejercer la autonomía del Ministerio Público”.
En días recientes, el nuevo fiscal Juan Lanchipa anunció evaluar la gestión de Guerrero e imprimir un nuevo modelo de gestión en el Ministerio Público. El tiempo dirá.
