Incrementar el presupuesto para salud es una antigua exigencia planteada por los profesionales médicos a los diferentes gobiernos de turno para que la población acceda a servicios de forma gratuita y con calidad. La petición también ha sido planteada a la actual administración desde 2010, pero nunca hemos sido escuchados por ninguna autoridad, especialmente desde el punto de vista técnico.
Considerar la implementación de un Seguro Universal de Salud debe partir de un análisis integral: presupuestario, de infraestructura, insumos, y fundamentalmente del desarrollo de recursos humanos.
Nosotros empezamos esta discusión en 2012, cuando logramos que se proyecten las cumbres de salud departamentales y una nacional, pero solo hubo tres cumbres regionales, dos con participación técnica, y la tercera fracasó porque la presencia de los movimientos sociales afines al oficialismo fue superior a la de los técnicos. No obstante, en 2016 se llegó a un acuerdo: que haya una representación paritaria en las cumbres, entre los colegios médicos y otros sectores; el acuerdo fue incumplido por el Ejecutivo.
La solución que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) quiere para el sistema de salud es hacerse de la rectoría del sector, pensando que al ser el que va a designar a las autoridades de los Sedes (Servicios Departamentales de Salud) podrá volver a poner a su gente ahí; pero lo único que va a conseguir es obligar a los profesionales a trabajar en algo que es insostenible. En este momento, por ejemplo, el Hospital de Clínicas de La Paz, con la infraestructura que tiene, no puede dar servicios de salud gratuita de la forma en que se plantea.
En el modelo propuesto para el Sistema Único de Salud, la seguridad social (las Cajas) va a tener que prestar sus instalaciones para acoger a más pacientes. Si ahora el asegurado ya se ve obligado a esperar un mes para ser atendido en alguna especialidad, con el nuevo sistema tendrá que aguardar más de seis meses.
Debemos partir del hecho de que en la actualidad no hay ni la capacidad ni la infraestructura ni los recursos humanos ni el equipamiento requerido para ese fin.
Por tanto, al haber constatado esto, nosotros pedimos a las autoridades que le digan responsablemente a la población cómo es que piensan aumentar 400 prestaciones cuando no se tienen las condiciones que soporten el incremento de servicios; la cantidad de especialistas disponibles no es un asunto menor y el Gobierno no ha previsto eso.
Más aún, cuando se quiere llevar adelante este proyecto con el mismo presupuesto disponible, o pretendiendo incrementarlo tomando el dinero de los municipios.
Uno de los principales problemas es el presupuestario: el Ejecutivo debe asegurar los recursos mínimos para el sector salud, que debe ser al menos el 15% del presupuesto estatal; lo que tiene que ser una política de Estado y no una dádiva del Presidente cuando dice que se otorgarán 200 millones de dólares.
La invitación que nos han hecho a las cumbres de salud que se llevan a cabo en estos días es realmente absurda. Entre 2012 y 2014 ya trabajamos en la Cumbre de Salud donde la participación debía ser igualitaria: 30% profesionales, 30% universidades y otros sectores, y 40% gobernaciones, municipios y la administración central. Por tanto, invitarnos ahora a una cumbre donde el 80% son masistas y simular que el restante 20% son organizaciones sociales, entre ellas los profesionales, nos lleva a no cometer el mismo error.
Este Gobierno es el que menos ha invertido en Salud, más invirtieron algunas gobernaciones. Y cuando proyecta alguna infraestructura lo hace sin criterios técnicos; por ejemplo, pretende edificar un gastroenterológico en La Paz donde ya existe uno —el Gastro— al que le falta equipamiento: tomógrafos, endoscopios; pero además sabiendo que no hay recursos humanos para el nuevo hospital.
* Luis Larrea: Es presidente del Colegio Médico de La Paz, uno de los que se opuso al Código Penal recientemente abrogado.
