Es innegable el crecimiento de la actividad económica que experimentó nuestro país en los últimos 13 años, mismo que se ha traducido no solamente en indicadores macroeconómicos estables sino también en mejoras en la calidad de vida de los bolivianos.
Uno de los pilares fundamentales para este continuo crecimiento ha sido la inversión pública, orientada no solo a fortalecer el aparato productivo sino también a la inversión social, generando una capacidad mayor de consumo en la población; ampliando el mercado interno, así como generando mejores oportunidades para la creación de negocios en el país, que en definitiva se traducen en mayores utilidades para los privados y, por ende, mayores pagos de impuestos que permiten continuar con este círculo virtuoso, a la vez que profundizan y fortalecen el mecanismo redistribuidor.
Bajo esta perspectiva, con nuestra economía fortalecida es preciso analizar los mecanismos que permitan robustecer el Sistema Tributario Boliviano, no solo para los contribuyentes catalogados en el Régimen General de Tributación, sino también para los pequeños que se amparan en los Regímenes Especiales; a través de una mayor formalización y lucha contra la evasión impositiva, a objeto de que se pueda mantener el financiamiento, tanto de la inversión pública como del gasto social.
Uno de los grandes pasos hacia este cometido fue lo ocurrido el jueves 25 de octubre en la Casa Grande del Pueblo: la aprobación del Decreto Supremo 3698, referente al Régimen Tributario Simplificado (RTS), tras 14 años sin haber sido modificado y que se constituye en una norma trabajada conjuntamente y en consenso entre el Órgano Ejecutivo y la Confederación Nacional de Gremiales, Comerciantes Minoristas, Vivanderos y Artesanos de Bolivia.
Este decreto responde a la principal demanda del sector y adecúa el RTS a la realidad económica actual, incrementando los niveles máximos de capital y ventas anuales, que se constituyen en los requisitos primordiales para pertenecer al RTS. En el caso del capital, hasta Bs 60.000, y para las ventas anuales hasta los Bs 184.000; con el objetivo básico de ampliar de forma masiva el universo de contribuyentes que se acogen al RTS y, de esta forma, coadyuvar a la formalización de los pequeños contribuyentes, que dadas sus condiciones socioeconómicas y capacidad de pago no tienen las cualidades para estar dentro del Régimen General de Tributación.
No obstante, corresponde aclarar también que ligado al empadronamiento al RTS está la visibilización de este tipo de actores económicos, lo que permitirá a la Administración Tributaria efectuar un mejor seguimiento al efectivo cumplimiento de sus obligaciones impositivas.
Más allá de lo que se pretende en cuanto al empadronamiento masivo o su efecto recaudatorio, al ser esta una medida trabajada de manera coordinada durante bastante tiempo con la dirigencia gremial, se gana en un aspecto fundamental: el control.
Con la aprobación de la norma se generaron también acuerdos de índole operativo referidos a un control coordinado entre la Administración Tributaria y el sector gremial a través de su confederación, federaciones, asociaciones y afiliados, a objeto de que el RTS beneficie efectivamente a todos aquellos pequeños emprendimientos personales o familiares que se ajustan a las características del sector gremial y que operen bajo los requisitos planteados en la norma, que correspondan al comercio minorista, a las actividades artesanales y a los vivanderos.
Es de interés mutuo, tanto del sector gremial como del Servicio de Impuestos Nacionales, expulsar del RTS a grandes comerciantes, contrabandistas y/o evasores que se estén escudando, camuflando y beneficiando de manera ilícita de este régimen, en una aplicación bastante objetiva y palpable del control social, esta vez ligado al ámbito tributario.
En definitiva, la modificación aprobada tiene un objetivo formalizador de las actividades de menor escala, y está orientada a visibilizar a un mayor número de gremiales dentro del Padrón Nacional de Contribuyentes para que puedan desarrollar sus actividades económicas en la legalidad y al amparo del RTS cumpliendo el precepto constitucional de capacidad económica. A la par, el control coordinado entre la Confederación de Gremiales y la Administración Tributaria permitirá que se mantengan dentro del RTS únicamente a los pequeños contribuyentes, como mecanismo de lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
