La hoy vigente Ley del Cine (1302) fue aprobada por el gobierno de Jaime Paz Zamora en 1991, es una norma que fue importante para su época, pero que a esta altura resulta obsoleta y fuera de todo contexto internacional; es más, se ha convertido en una camisa de fuerza que impide el desarrollo de las actividades del audiovisual boliviano.
La 1302 no contempla ningún tipo de incentivo, subvención económica o inversión no retornable destinada a la cadena productiva audiovisual. Ni menos plantea un modo de generar recursos para alimentar presupuesto alguno destinado al verdadero fomento al cine.
En 2012, el Consejo Nacional del Cine (Conacine) contrató a un consultor, quien elaboró un borrador de ley que, según mi criterio, genera un texto aún más rígido, con un rol estatizador por parte del Estado, acompañado de un régimen sancionador temerario. Poco a poco, a través de la lucha del sector, con un congreso de por medio realizado en Cochabamba, varias negociaciones y ministros que iban y venían, se modificó ese texto y se logró consensos, hasta llegar, en diciembre de 2016, a un borrador consensuado, aceptable, aunque siempre perfectible.
La vuelta de tuerca y el impulso definitivo ocurrió el 11 de abril de este año, cuando desde la Vicepresidencia del Estado se generó una mesa de diálogo con el sector audiovisual, encabezada por el vicepresidente Álvaro García Linera, con la presencia de los ministros de Culturas, Finanzas y las presidencias de Diputados y Senado, y, del otro lado, 36 representantes de los diversos gremios del cine y audiovisual boliviano.
En ese encuentro, el Vicepresidente se comprometió a respetar el Manifiesto presentado por los cineastas, documento que contenía los pilares irrenunciables de la ley, y que son: la creación de un Fondo de fomento para la cadena productiva cinematográfica y audiovisual (alimentado anualmente por tasas administrativas de 3% de exhibición y 3% de distribución de cine extranjero); creación de una renovada institución, con la participación equitativa del gremio organizado versus Estado; respeto a la institucionalidad y al patrimonio fílmico de la Fundación Cinemateca Boliviana; protección de los derechos de autor y lucha contra la piratería; incorporación del derecho al cine de toda la población boliviana; respeto por los derechos laborales de los trabajadores/as del audiovisual boliviano; y la solución de la deuda del FFC.
El actual proyecto, que ya es tratado por la Asamblea Legislativa, incluye y respeta la mayoría de los pilares del Manifiesto. Y cuenta además con la voluntad política de aprobar un proyecto de fomento.
Pero, todavía existen algunos puntos en disenso sobre la conformación de la nueva institución, la Agencia de Cine y Audiovisual Boliviano (Adecine), su composición, funciones y atribuciones. El actual texto propone que la designación del director/a será directamente hecha por el Presidente del Estado Plurinacional. El sector audiovisual plantea que la designación de esta institución sea a partir de una terna resultado de un concurso de méritos, por tratarse de
un cargo técnico y altamente especializado del área.
Sobre el Consejo Asesor del Cine y Arte Audiovisual Bolivianos, el sector audiovisual plantea la necesidad de que éste sea una instancia no asesora, sino resolutiva para la elaboración de las políticas públicas nacionales del sector cinematográfico y audiovisual boliviano. Asimismo, plantea que esté conformado con la participación equitativa de los representantes del gremio, ya que tal como está hoy existe un desequilibrio a favor de los representantes del Estado.
Otro punto que aún está en disenso es el referido a que el Fondo beneficiaría solo a la producción de películas y no así a la cadena productiva cinematográfica y audiovisual. Si queda tal cual, se estaría repitiendo el error de la actual Ley 1302.
Otra observación radica en el carácter enunciativo de los artículos referentes a la lucha contra la piratería; los colegas exigen un artículo más contundente. En el mismo sentido se demanda un texto sobre la protección de los derechos laborales de las y los trabajadores del cine.
Es una buena ley, pero es fundamental incluir el fomento a todos los eslabones de la cadena cinematográfica y lograr el punto de equilibrio entre el Estado y la sociedad civil, que es la que crea y produce y reproduce este “imaginario” de unidad en las contradicciones.
