El señor magistrado José Antonio Revilla se nota que no conoce el trabajo de los medios de comunicación y tampoco valora lo que es la libertad de expresión ni la libertad de información. Piensa que todo esto debe estar encuadrado a los intereses personales o institucionales, para el caso, del Órgano Judicial. Parece que no entiende que es el pueblo boliviano el que tiene que estar muy bien informado de las cosas buenas o malas que haga un gobierno, una institución o las personas.
Por eso quiere sustituir todo eso con una agencia de informaciones, que, en resumidas cuentas, será nada más que una oficina de relaciones públicas y de comunicación; más no puede, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y las leyes que rigen al respecto.
Por la estructura del Órgano de Justicia, éste no puede tener una oficina que suplante el trabajo de los medios de comunicación o de los periodistas; lo máximo que puede hacer tal vez es aumentar un número de comunicadores en una oficina de prensa para que saque boletines; pero nada más, porque querer suplantar el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación es imposible. Eso está fuera de un contexto del régimen democrático, como el que hoy vivimos.
Lo que en el fondo se pretende es buscar formas de coartar la libertad de información que necesita el pueblo boliviano.
Lo más inteligente de las instituciones y, para el caso, del Órgano Judicial sería que facilite el acceso de los comunicadores a las diferentes secciones o unidades de su institución para canalizar la información que requiere el pueblo boliviano. Otra posibilidad no existe, bajo ningún argumento. No se puede suplir o suplantar el trabajo de los comunicadores desde las oficinas.
Todo intento de obstaculizar la labor de los periodistas es un atentado a la libertad de expresión. Son formas de coartar tanto la libertad de información como la de expresión. No se puede calificar de otra manera, cuando una autoridad trata o evita dar información. Ante esto, ¿qué tiene que hacer un periodista? Nada más que buscar formas para poder recabar toda la información que necesita para escribir un artículo o para hacer un reportaje. Ningún gobierno ha logrado definitivamente coartar la libertad de expresión o de información que necesita el pueblo boliviano.
En lo relativo a que los casos judiciales serían “privados”, debe saberse que toda documentación que está en la justicia ordinaria es pública. En consecuencia, salvo que se decrete la reserva necesaria, lo demás son documentos públicos que no pueden ser ocultados bajo ningún argumento; lo demás es un poco de chicanería, simple y llana.
La Ley de Imprenta está vigente, más aún ahora porque es el único instrumento que permite resguardar y defender la libertad de información y de expresión. Lo que pasa es que las autoridades piensan que coartando la aplicación de algunas normas van a poder ocultar su ineficiencia y su incapacidad, o su corrupción. Y esto, por supuesto, no lo podemos permitir los trabajadores de la prensa.
Defenderemos la vigencia de la Ley de Imprenta que, además, ya está constitucionalizada en la Constitución Política del Estado.
