Como ya es costumbre, abril estará marcado por las discusiones entre empresarios, trabajadores y gobierno sobre el incremento salarial. La dinámica, como año a año vemos, pasará por pedidos maximalistas de los trabajadores, propuestas bastante más mesuradas por parte de los empleadores y fuertes cálculos políticos del lado del Gobierno.
Es cierto, tal como sostiene el Gobierno, que en los últimos años los salarios han mostrado un incremento nominal sustancial, llegando a duplicar, en promedio, los salarios de finales del 2005 y en casos particulares, como el de los trabajadores eventuales del Gobierno, mineros, trabajadores de la industria de alimentos y la hotelería, han llegado a triplicarse. Sin embargo, la palabra clave es “nominal”, ya que se refiere a la cantidad de billetes que se lleva el trabajador al bolsillo, pero como todos sabemos, esos billetes pueden comprar más o menos en función de otras variables, como por ejemplo: los precios.
Por eso es necesario evaluar el crecimiento de los salarios en términos reales, es decir descontando la inflación para tratar de aproximarnos a su verdadero poder adquisitivo. Tomando en cuenta esto, los incrementos salariales han sido mucho más modestos: entre 2006 y 2018, en promedio, el incremento total ha sido menor al 8% en el sector público y 6% para todo el sector privado, aunque hay algunos sectores y grupos de trabajadores que han recibido incrementos de más del 50% (que es el caso de la industria manufacturera y de alimentos) o hasta del 70% (obreros y trabajadores con menor calificación en el ámbito estatal).
Ahora bien, también es cierto que los incrementos en los salarios (nominales o reales) tienen impactos mucho más altos para las empresas, ya que el salario que percibe el trabajador es solo una parte de lo que deben desembolsar las empresas al final de cada mes: los aportes a la seguridad social, las previsiones para otros beneficios como el aguinaldo, doble aguinaldo y quinquenio; y los bonos y primas que se pagan en algunos sectores, entre otros, hacen que el incremento salarial (lo que recibe el trabajador) implique que el costo laboral real y nominal (lo que le cuesta al empleador) llegue, en algunos casos, a duplicar el salario que perciben los trabajadores.
A este contexto hay que agregarle un elemento muy importante: a pesar del extraordinario auge que hemos vivido, la informalidad no se ha reducido, lo que significa que el peso de las medidas salariales recae en una pequeña parte de los empleadores, y peor aun, que se beneficie solo a una pequeña parte de los trabajadores. De hecho, en el caso de los trabajadores del transporte, imprentas y talleres textiles, entre otros, los datos muestran que sus salarios reales han disminuido con relación a 2005. Lo mismo ha sucedido con los técnicos y profesionales que trabajan por cuenta propia, que han visto cómo el poder adquisitivo de sus ingresos laborales hoy solo representa entre el 78 y 95% de lo que significaban a finales de 2005.
En este contexto, es claro que estamos en una situación en la que nos hemos entrampado en discusiones equivocadas. Mientras la COB siga pensando en términos del industrialismo del siglo XIX, en el que la mayoría del empleo debería ser dependiente, seguirá perdiendo representatividad social, ya que claramente las estructuras de producción y empleo en el país pasan más bien por actividades autogestionadas, con emprendimientos de corte familiar y altamente informales, donde difícilmente aplican los incrementos salariales por los que se moviliza.
Por otro lado, los gremios empresariales deben posicionar de una forma efectiva el verdadero problema que enfrentan: los crecientes costos laborales y, en general, el excesivo costo de la formalidad, que aunque están relacionados con el salario, no necesariamente implican una lucha directa contra los trabajadores.
Además, gran parte de estos costos son producto de estructuras burocráticas y administrativas ineficientes, impuestas por la administración pública y que se podrían optimizar para generar empleo de calidad sin sacrificar los ingresos de los trabajadores.
Finalmente, es claro que el Gobierno, en un periodo electoral, difícilmente cambiará el curso de acción de su política salarial; sin embargo, la ausencia de una política laboral por más de 13 años amenaza con profundizar aún más las brechas y distorsiones que encontramos en el mercado laboral. En tiempos en los que se habla mucho de macroeconomía, uno de los grandes desafíos es ordenar el empleo en el país. Para lograr eso debemos hablar más allá de los salarios.
