El 18 de marzo se cumplieron 22 años de la firma del Contrato de Prestación de Servicios entre la ex Superintendencia de Pensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con un plazo indefinido y exclusividad en el territorio. El ingreso de las AFP al país se dio en una época en que las políticas neoliberales estaban en auge; así, la producción y los servicios se privatizaron, incluyendo la Seguridad Social de largo plazo. Las AFP entraron en vigencia al ser promulgada la Ley 1732, en noviembre de 1996, por Gonzalo Sánchez de Lozada; era una de las leyes que buscaba cumplir la receta del Consenso de Washington.
Algo que muchos olvidan, incluso los llamados “expertos” en pensiones (que participaron en la elaboración de esa ley y la reforma de pensiones en el país), es que dichas empresas empezaron a operar (mayo/1997) con herramientas informáticas básicas desarrolladas en el exterior para otras realidades, iniciando solo con los módulos de afiliación y recaudación. El tema de prestaciones recién empieza a funcionar pasado el 2000, cuatro años después de su llegada al país.
Pese a las adecuaciones informáticas, dichos sistemas no terminaron de consolidarse con un 100% de automatización; a la fecha se sigue realizando diferentes procesos de forma manual. ¿Por qué nuestros “expertos” no dijeron nada en ese momento?
Pasaron 22 años y se ve que no se invirtió en infraestructura (la mayor parte de los inmuebles donde funcionan las AFP son alquiladas), no se invirtió en el desarrollo de nuevo software, teniendo desactualización en los sistemas y procesos manuales.
A partir de 2006, se da un contrasentido en el manejo de la economía, por cuanto se implementa un modelo que es la antítesis de más de 20 años de implementación de políticas ortodoxas, cuyo eje central es la recuperación de los recursos estratégicos del país, con el objeto de ser redistribuidos y potenciar el motor de la demanda interna, a través de inversión pública y políticas sociales.
En este marco, la Constitución (artículo 45) establece que la dirección y administración de la seguridad social corresponde al Estado, cuyos servicios no podrán ser privatizados ni concesionados, por lo que con la Ley 065 de Pensiones (2010) en acuerdo con la Central Obrera Boliviana, se crea la Gestora Pública de la Seguridad Social de largo plazo.
Se estableció una estrategia para la puesta en marcha de la Gestora. Entre 2011 y 2015 se negoció con las AFP para que, entre otros temas, se adquiera su sistema y tenerlo como base para el inicio de operaciones; si bien hubo acercamientos con ambas AFP, la negociación no prosperó.
Con el Decreto 2248 se establecen los Estatutos y la escala salarial de la Gestora, lo que también fue acordado con la COB, tras una larga discusión sobre el nivel salarial del plantel ejecutivo. Con este antecedente, recién en febrero de 2017 se contrata a SYSDE Internacional Inc., empresa que debe entregar un proyecto informático desarrollado y puesto en funcionamiento, con 83 productos y 890 adecuaciones normativas y operativas (brechas); además debe unificar las plataformas de ambas AFP.
Es conocido en el ámbito financiero y en instituciones que administran gran cantidad de información y recursos que el desarrollo de un sistema (CORE en el lenguaje de la Banca) demora entre cinco y siete años.
Pese a ese contexto, la Gestora, que es propiedad de todos los bolivianos, inició operaciones en enero de 2018, haciéndose cargo de la administración de la Renta Dignidad, beneficio de alrededor de Bs 3.900 millones para más de 1,1 millones de beneficiarios de la tercera edad.
Los beneficios que se esperan mostrar en los próximos meses, una vez desarrollado el sistema, son principalmente la mejora de la atención a los asegurados y jubilados, con calidad y calidez, a través de un sistema moderno y completamente automatizado, con atención vía multicanalidad (sistema, trámites vía web, aplicaciones móviles y kioscos de autoservicio a nivel nacional), entre otros.
Con la Gestora, las utilidades que hoy se van al exterior se quedarán en el país, y con la elaboración del Reglamento de Inversiones, en coordinación con la COB, se podrá establecer mecanismos para invertir en el mercado interno y externo, con el objeto de mejorar la jubilación.
Por tanto, es interesante ver a los “expertos” defender con vehemencia los intereses de empresas transnacionales, peor aún en un contexto donde países y organismos internacionales ven con preocupación los resultados obtenidos en décadas en las que la seguridad social estuvo en manos privadas. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo establece que 18 de 30 países han revertido o están en proceso de reversión de manos privadas.
