En 2016, tras casi seis años de promulgada la Ley 65 de creación de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, se definió iniciar sus operaciones en junio. Cuando se vio que este plazo no se iba a cumplir, se lo amplió 18 meses, hasta el 15 de septiembre de 2017. Luego, un nuevo decreto postergó su arranque hasta marzo de 2019. Como se sabe, este mes se ha vuelto a retrasar el poco auspicioso inicio por nada menos que 30 meses.
Estas postergaciones son, en realidad, anecdóticas. La mayor dificultad que tiene la Gestora es que quiere descubrir el agua tibia. No veo la necesidad de crear una nueva plataforma informática fuera de las que ya tienen las dos AFP. Esta tarea de combinar dos esencialmente distintas plataformas es la razón técnica del atraso.
La Gestora puede efectivamente iniciarse el día del juicio final porque no cambiará nada para bien de los afiliados o asegurados. Es más, es probable que sea para mal porque le darán 17.000 millones de dólares para administrar, que significan cerca de la mitad del PIB y más del doble de las reservas internacionales. En los hechos, hasta ahora solo ha demostrado falta de visión respecto a sus fines, imprecisa definición de las tareas que deben realizar las empresas informáticas contratadas y, en consecuencia, una ineficiencia espantosa. La Gestora como tal es una institución que no tiene mayor sentido crearla, salvo por el hecho de establecer un ente público más que, llegado el momento, solo significará una abultada burocracia.
Una burocracia que empieza con un directorio y gerencia nombrados por la Asamblea Legislativa, la cual, además, podrá fiscalizar a la Gestora en el marco de la Ley de Servicios Financieros. Esto es, una fiscalización con una ley fuera del ámbito de pensiones. Así, no se sabe en qué quedará la Autoridad de Pensiones, que ya fue despojada de autoridad. Tarea que en los hechos es realizada por el Viceministerio de Pensiones.
Las autoridades señalaron que una tarea de la Gestora es elevar la rentabilidad que ahora obtienen las AFP. O sea, que por volverse del sector público, el administrador podrá milagrosamente elevar el retorno de las inversiones que se hacen con la cotización de los asegurados. Se dijo, además, que la Gestora, al lograr una rentabilidad más alta, podrá nada menos que garantizar mejores ingresos para los jubilados.
La rentabilidad promedio de las AFP está en torno a 2%; es bajísima y, sin duda, pone en riesgo las pensiones de los asegurados que algún día se jubilarán, y ya lo hace con los actuales jubilados. Las bajas rentabilidades de los últimos años dependen de una serie de factores en el mercado financiero y de la ausencia de normas que generen un marco que no discrimine a la clase media y pueda evitar descensos de la tasa de rentabilidad al nivel ahora alcanzado.
El D.S. 2248 formaliza la constitución de la Gestora y aprueba sus estatutos y escala salarial (Cuadro). El D.S. 3128 otorga un monto de 120 millones de bolivianos (equivalentes a más de 17 millones de dólares) para gastos operativos y administrativos, y compra de bienes. Posteriormente los niveles salariales de la planta ejecutiva fueron disminuidos, como se ve en el referido cuadro.
Estas escalas son anecdóticas porque la labor principal de la Gestora sigue sin hacerse. En vista de este gran vacío se le buscó una tarea y desde el 2 de enero de 2018 se hizo cargo del pago de la Renta Universal de Vejez y Gastos Funerales. Una declaración del exministro Mario Guillén revela esta búsqueda de un algún beneficio para la Gestora: “Ya ha pasado un año de la administración de la APS (que estaba encargada del pago de esos beneficios) y como la Gestora ya está constituida, la APS traspasará en su totalidad activos y pasivos, para que empiece a administrar este pago a partir de enero, en todos los puntos donde está pagando la APS”. Algo a todas luces genial.
Con la otorgación de estas funciones se ratifica la ineficiencia y redundancia de la Gestora. El bono denominado Renta Dignidad y los gastos funerarios, tranquilamente y a bajo costo, pueden pagarse usando la tecnología que brindan los celulares. Algo que ya conoce cómo manejar el Ministerio de Economía, que estableció la billetera móvil para el 15% del doble aguinaldo y ya sabe que no es un trabajo tan complejo como para que lo haga toda una Gestora.
